La fricción entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos (OEA) apenas está comenzando. Después de que el país latinoamericano decidiera salir del foro internacional, será éste el que inicie un proceso para su desligamiento.
De acuerdo con el Artículo 143 de la Carta de la organización, un Estado puede separarse tras un proceso de dos años, luego de que haya presentado una notificación de denuncia, es decir, una carta a la Secretaría General donde explique los motivos de su decisión.
“La presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciado, y éste quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas en esta Carta”, se detalla.
Durante la lectura del comunicado en el que se dio a conocer la salida de Nicaragua de la OEA, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, detalló que parte de su decisión fue porque el foro nació por influencia de los Estados Unidos, teniendo como misión facilitar la hegemonía de la Unión Americana sobre los países de América Latina y el Caribe, algo que para su país es inaceptable, por lo que lo rechaza y condena.
Al respecto, el maestro en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Nayar López Castellanos, asume que tras la noticia de parte del gobierno sandinista se esperan múltiples críticas hacia la administración de Daniel Ortega, principalmente de países que no concuerdan con su posición, iniciando con Estados Unidos.
“Lo que se podría esperar es una lluvia de críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega, desacreditando esta decisión, así como mayores presiones, pero eso es algo natural también porque algunos gobiernos no comparten su interpretación (...) Creo que será un elemento más en la relación tensa entre Nicaragua y ciertos países de la región”, detalla.
La salida de Nicaragua de la OEA se da una semana y media antes de que terminara el plazo que el foro le había impuesto a la administración sandinista para que estableciera un Estado de democracia y liberara a los presos políticos detenidos antes de las elecciones presidenciales.
La solicitud del foro se emitió al señalar que la jornada electoral del pasado 7 de noviembre en el país latino carecía de libertad política y democrática, pues se llevó a cabo con al menos 39 dirigentes opositores detenidos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
