El avance en la Ley Integral de Personas Trans en Uruguay sigue paralizado. Aunque este 28 de septiembre las personas que apoyan la norma se unieron en una manifestación, un grupo de evangélicos mostró su negación, dos posturas que también se reflejan en los partidos políticos.
El proyecto de ley propone medidas contra la discrmininación a personas trans (travestis, transexuales y transgénero), como el acceso a becas y puestos estatales. También contempla que el cambio de sexo se pueda hacer en algunos centros de salud de manera gratuita.
La filosofía de la normativa es proteger este colectivo, especialmente marginado en Uruguay, y abrir espacios laborales para que la principal opción de subsistencia de estas personas no sea la prostitución, un camino que algunos de ellos suelen tomar, de acuerdo con medios locales.
Uno de los capítulos más criticados que se establecieron en la Ley tiene que ver con la autorización del cambio de sexo, tanto hormonal como quirúrgico, para los menores de edad sin el consentimiento de sus padres. En este sentido, los partidos político ya han presentado sus posturas
El Partido Nacional, de centro derecha, ha exigido que se eliminen estas disposiciones, mientras que el Frente Amplio promueve la normativa; sin embargo, ante las protestas, el Frente ha decidido suprimir la autorización de las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo para los menores que no tengan el apoyo de sus padres.
Además, el Frente Amplio se ha opuesto a eliminar la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo de un familiar.
En Uruguay, la legislación internacional avala el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes, tanto en decisiones como el cambio de sexo como en lo referente al aborto. De acuerdo con el diario El País, el cambio de sexo hormonal en menores sin autorización de un familiar se practica desde hace unos 10 años en el país latino, siempre y cuando tenga un proceso médico controlado.
Aunque nunca se vio una postura en contra de este método por parte de las principales sociedades médicas y organizaciones sociales, la llegada de una petición de 40 mil firmas contra esta medida causó sorpresa y revuelo político, especialmente cuando se supo que personas cercanas la Iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes del país, presentaron la petición en el Parlamento.
La Ley Integral de Personas Trans ingresó a la Cámara alta y este mes supuestamente se llevaría a cabo la votación para autorizarla o no. Se debería tener una respuesta antes de la veda electoral, es decir, cuando falte un año para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2019.
El Ministerio de Desarrollo Social informó en su último censo que en Uruguay, un país de aproximadamente 3.4 millones de habitantes, 933 personas son trans, de las cuales 88 por ciento son mujeres y 12 por ciento hombres. La edad promedio de este sector de la población es de 36 años y sólo el dos por ciento superan los 65 años
