La pregunta de los 64 mil
Detalles sobre el fallido operativo del Gobierno estadounidense que permitió traficar casi 2 mil armas de alto calibre a territorio mexicano para “detectar” a contrabandistas, serán evaluados por congresistas de Estados Unidos.
La administración de Barack Obama entregó al Congreso 64 mil 280 documentos sobre la polémica operación “Rápido y Furioso”, en respuesta a una orden judicial, informó ayer el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Indigo StaffDetalles sobre el fallido operativo del Gobierno estadounidense que permitió traficar casi 2 mil armas de alto calibre a territorio mexicano para “detectar” a contrabandistas, serán evaluados por congresistas de Estados Unidos.
La administración de Barack Obama entregó al Congreso 64 mil 280 documentos sobre la polémica operación “Rápido y Furioso”, en respuesta a una orden judicial, informó ayer el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El presidente del Comité, el republicano Darrell Issa, sostuvo que la entrega de la documentación representa la admisión de que el Departamento de Justicia nunca debió excluir su entrega al legislativo.
“Aproximadamente dos terceras partes de los documentos que el Departamento de Justicia retuvo del Congreso han mostrado estar fuera del alcance del ´privilegio ejecutivo´”, añadió.
Y es que el presidente Barack Obama invocó en su momento el “privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los documentos.
Destino peligroso
”Rápido y Furioso” fue conducido de 2006 a 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y permitió el trasiego ilegal supervisado de armamento de Estados Unidos a México; sin embargo, los agentes federales perdieron el rastro de unas 2 mil armas.
En agosto pasado, la jueza federal de la Corte de Distrito, Amy Berman Jackson, ordenó al Departamento de Justicia la entrega de la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación.
Apenas esta semana un nuevo reporte del Inspector General del Departamento de Justicia reveló que agentes federales permitieron el ingreso ilegal a México de componentes para la fabricación de granadas de detonación dirigidas a los cárteles de las drogas. (Fuente: Notimex)