Si los estadounidenses desean arreglar el sistema de inmigración, lo primero que deben hacer es disipar la niebla de mentiras, contradicciones y manipulaciones partidistas que no permiten ver lo que realmente está sucediendo.
Entonces comprenderán quién tiene, en verdad, la culpa de que no tengamos una reforma migratoria integral, que se haya deportado a un número récord de inmigrantes ilegales —casi 2 millones— y que miles de familias hayan quedado divididas en los últimos cinco años.
Los artífices de la Constitución dividieron el Gobierno en tres ramas y otorgaron a la rama ejecutiva el poder de imponer la ley, incluyendo la ley migratoria. Por lo tanto, el presidente Barack Obama y su gobierno son responsables de dividir a todas esas familias y deportar a esa gente. Punto.
Aun así, no será fácil limpiar el aire porque los medios, los grupos de incidencia con sus propios intereses y la Casa Blanca operan máquinas de niebla.
La buena noticia es que, de vez en cuando, sopla una brisa fuerte y la niebla se levanta, aunque sea temporalmente.
Sucedió en septiembre, cuando siete inmigrantes indocumentados que trabajaban con la National Day Laborer Organizing Network, fueron arrestados fuera de la Casa Blanca por protestar contra las políticas de inmigración del Gobierno. Pablo Alvarado, director ejecutivo de la organización, emitió una declaración en la que advertía que al deportar a más de mil 100 personas por día, Obama estaba en proceso de “cimentar su legado de haber sido presidente del gobierno más anti-inmigración de la historia”.
Y ocurrió nuevamente hace unas semanas, cuando Ju Hong, un estudiante indocumentado de Corea del Sur que se graduó de Ciencias Políticas en la Universidad de California, en Berkeley, se enfrentó con Obama. El presidente estaba visitando el Centro de Recreación “Betty Ann Ong“ de San Francisco para hablar sobre la parálisis de la ley de inmigración en el Congreso y echó enteramente la culpa a los republicanos. Hong rogó a Obama que utilizara su poder ejecutivo para detener las deportaciones y la división de familias, lo que según el presidente no puede hacerse “sin que se aprueben leyes en el Congreso”.
Increíble. Uno no puede actuar como un poderoso jefe ejecutivo cuando se trata de flexibilizar una ley de asistencia médica, aprobada por el Congreso y confirmada por la Corte Suprema, para permitir que los ciudadanos mantengan sus pólizas de seguro, y después, cuando se entra en el resbaladizo terreno de la inmigración, pintarse a sí mismo como impotente.
La gente se da cuenta de eso, especialmente los que tienen buena memoria. El 26 de octubre del 2011, en la Universidad de Colorado-Denver, Obama expresó lo siguiente sobre sus planes de ejercer el poder ejecutivo en una variedad de asuntos, que iban desde los préstamos para estudiantes hasta impedir ejecuciones hipotecarias:
“No esperaremos al Congreso. Voy a actuar con o sin el Congreso. Donde ellos no actúen, yo lo haré por medio de una serie de órdenes ejecutivas”.
Excepto, parece, cuando se trata de la inmigración.
Sin el apoyo del Congreso, Obama se las arregló para expulsar a un número récord de inmigrantes ilegales. Durante el primer periodo, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, alardeaba ante comités del Congreso sobre la manera en que su departamento —con asombrosa eficiencia— estaba sacando del país a unos 400 mil inmigrantes ilegales por año. Y prometía ser aún más eficiente al año siguiente. Napolitano contaba con tres herramientas a su disposición: cuotas mensuales para presionar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a fin de que expulsase a un número determinado de inmigrantes ilegales, medidas severas contra la discreción que los agentes y fiscales federales han tenido tradicionalmente para permitir que algunos inmigrantes ilegales permanezcan en el país y alistar a cientos de miles de efectivos de seguridad local y estatal para que actuaran como substitutos de los agentes de inmigración mediante un controvertido programa conocido como Comunidades Seguras.
Napolitano ya no está en el Gobierno, pero esas tres herramientas están aún a disposición de la administración. Obama podría cambiar esa situación, pero escoge no hacerlo. También podría ampliar el alcance del programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que permite que jóvenes indocumentados permanezcan en Estados Unidos otorgándoles un permiso de trabajo de dos años, pero nuevamente opta por no hacerlo.
En lugar de ello, el presidente ha tratado de evadir su responsabilidad. Los demócratas controlan la mitad del Congreso y, sin embargo, según Obama, los republicanos tienen el 100 por ciento de la culpa por no brindar a los indocumentados un camino a la ciudadanía y protegerlos de ser deportados.
Ahora ven por qué el presidente y sus apologistas necesitan generar esa niebla. Cubre la realidad, que no es muy agradable.