La lucha de Fernández de Kirchner: la vicepresidenta con acusaciones de corrupción

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra bajo los reflectores de su país, luego de que fuera acusada por presuntos actos de corrupción, lo que la podría llevar a cumplir hasta 12 años de cárcel en caso de encontrarla culpable.

Fueron dos fiscales los que pidieron más de una década de prisión para la expresidenta de la República, así como su inhabilitación para que no vuelva a ocupar puestos públicos.

El fiscal Diego Luciano, quien tiene a su cargo la acusación de Fernández de Kirchner, aseguró que las acciones en contra de la funcionaria se trataron de “la mayor maniobra de corrupción del país”, perjudicando a la nación con más de mil millones de dólares.

Según Luciano, la segunda al mando de Argentina creó junto a su esposo Néstor Kirchner una asociación ilícita para defraudar al Estado Nacional durante el gobierno de ambos, de 2003 a 2015.

Se trató de la creación de la empresa constructora Austral Construcciones, la cual recibió licitaciones para construir 51 obras, pero sólo fueron finalizadas tres.

De acuerdo con los fiscales, además de que la compañía fue favorecida con fuertes aumentos de precios, todas las licitaciones fueron “una farsa”. Austral Construcciones dejó de operar en marzo de 2016, tres meses después de que Fernández de Kirchner dejara el poder.

Ante los argumentos de Luciano, la vicepresidenta compartió vía redes sociales su defensa, descartando cualquier acusación en su contra y destapando las relaciones que hay entre el fiscal y el jefe del Tribunal, quien será el encargado de decidir si la investigación contra Fernández de Kirchner prueba que es culpable o no.

La exsenadora difundió una fotografía de Diego Luciano y el jefe del Tribunal siendo parte de un grupo de fútbol amateur, el cual es participante habitual de los torneos que el expresidente Mauricio Macri organiza en su casa de fin de semana.

“Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos, (porque) necesitan dirigentes disciplinados, necesitan funcionarios que hagan lo que el poder real requiere (…) Este no es un juicio a Cristina Fernández, es al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que ven por la justicia, las jubilaciones, la obra pública”, dijo la vicepresidenta.

Será el mes próximo que el abogado de Fernández de Kirchner presente su alegato final, en espera de que su clienta resulte librada de toda acusación.

El doctor José António Hernández, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, considera que este caso, más que un asunto judicial, es político con miras a las próximas elecciones presidenciales de Argentina.

“Desde mi punto de vista el principal objetivo de la oposición, en este caso de los jueces, es armar todo un show mediático con apoyo de los medios tradicionales que están buscando desprestigiar a la expresidenta.

“Recordemos que no es la primera vez que se hacen acusaciones de este tipo, comenzando en 2019 con el fin de desestabilizarla políticamente para que no pudiera participar en las elecciones en las que resultó ganadora con la fórmula del presidente Alberto Fernández”, comparte.

Según detalla, este tipo de persecuciones se han registrado no sólo en Argentina, sino en toda América Latina para desestabilizar a ciertos gobiernos, como sucedió en 2012 con Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, quien fue destituido de su cargo por “un mal desempeño en sus funciones”.

De acuerdo con el doctor Hernández, aunque el juicio de vicepresidenta argentina termine en su contra, ella aún contaría con una última defensa a su favor: un fuero por tener el cargo político de vicepresidenta.

El papel de Alberto Fernández en el caso de Fernández de Kirchner

Cuando se dio a conocer la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, la administración del presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó un comunicado a su favor.

En el escrito, detalló que era “un día muy ingrato” para alguien que, como él, se había criado en la familia de un juez y se había educado en el mundo del Derecho.

“El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (…) Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido aprobado”, se lee en el oficio.

Para la maestra Norma Soto Castañeda, internacionalista y docente de la Universidad La Salle, aunque se esperaba una reacción por parte del jefe de Estado respecto al caso de la vicepresidenta, también se prevé que esté del lado de la ley.

“Debe manejar un doble diálogo. Es decir, apoyar a Cristina Fernández, pero a su vez que se vea que está a favor de que se aplique todo el rigor de la ley. En esa medida quedaría bien con la sociedad y con ella”, dice la académica.

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