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La justicia alcanza a la realeza

La justicia española pone en más aprietos que nunca a la Casa Real. 

A tan solo seis días de la proclamación de Felipe VI como rey de España, el juez José Castro anunció ayer que procesará formalmente a su hermana la infanta Cristina, acusada de lavado de dinero y fraude fiscal.

Tras una pesquisa, Castro determinó que hay “sobrados indicios” de que Cristina de Borbón se benefició de los negocios ilegales de su marido, Iñaki Urdangarín, al frente de la Fundación Nóos y la empresa Aizoon. 

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Sobre 10 fue la calificación que los españoles dieron a la Corona tras la imputación
La infanta Cristina, quien rechazó divorciarse de su marido o perder sus privilegios reales, podría pasar hasta 16 años en prisión si se le encuentra culpable
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La justicia española pone en más aprietos que nunca a la Casa Real. 

A tan solo seis días de la proclamación de Felipe VI como rey de España, el juez José Castro anunció ayer que procesará formalmente a su hermana la infanta Cristina, acusada de lavado de dinero y fraude fiscal.

Tras una pesquisa, Castro determinó que hay “sobrados indicios” de que Cristina de Borbón se benefició de los negocios ilegales de su marido, Iñaki Urdangarín, al frente de la Fundación Nóos y la empresa Aizoon. 

El juez considera que la exintegrante de la Familia Real tuvo una “colaboración silenciosa” con Urdangarían, quien está acusado de ocho delitos, como estafa, malversación de fondos, tráfico de influencias y fraude.

Aunque los delitos imputados le podrían valer a Cristina hasta 16 años en prisión y una multa de seis veces la cantidad defraudada, la Fiscalía Anticorrupción interpondrá un recurso de apelación para evitar que se siente en el banquillo de los acusados.

¿De qué se le acusa? 

Cristina de Borbón es sospechosa de cometer tres delitos: dos en contra de la Hacienda Pública de España y uno de lavado de dinero.

El esposo de la infanta, Iñaki Urdangarín comenzó a dirigir en 1999 el Instituto Nóos, que tenía como fin original ser una organización sin fines de lucro para estrechar los lazos entre el sector público y el empresarial.

La justicia española descubrió que Urdangarín y su socio, Diego Torres, cobraron más de 8 millones de dólares a los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares para organizar eventos que solo costaron 3 millones de dólares.

La investigación afirma que el dinero público se desviaba a compañías privadas propiedad de Torres y Urdangarín, como la empresa Aizoon.

“El juez Castro considera a Cristina de Borbón responsable en concepto de cooperadora de los dos delitos fiscales del 305 del Código Penal cometidos por su marido en 2007 y 2008.  Y es que el fraude fue cometido a través de la sociedad Aizoon, participada al 50 por ciento por la infanta y su marido”, publicó ayer El Mundo.

Cuando fue a declarar sobre el caso, el pasado 8 de febrero, Cristina respondió con evasivas como “no sé” o “no recuerdo” a los cuestionamientos del juzgado de Palma de Mallorca.

“El juez asegura que es legítima la postura de doña Cristina de alegar olvido e ignorancia, derivar la responsabilidad hacia terceras personas y manifestar ‘desconocimiento de la práctica totalidad de las preguntas que se le formularon’ pero eso le incapacita”, informó ayer EFE. 

La Casa Real tambalea 

En 2011, tras las primeras denuncias contra Urdangarín, la Casa Real apartó de su agenda oficial a Cristina y a su marido. 

Desde entonces, Felipe y Letizia le retiraron la palabra a la pareja como una condena pública a su conducta, por lo que la infanta Elena y la reina Sofía fueron las únicas miembros de la Familia Real que siguieron en contacto con Cristina.

Pero la Corona sufrió un duro golpe al revelarse que la infanta Cristina estaba imputada en el caso, en el 2013, cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que la ciudadanía valoraba a la monarquía con un 3.68 sobre 10.

La molestia de la Familia Real con Cristina se debió en gran parte a que la infanta nunca quiso divorciarse de Urdangarín y no quiso renunciar a sus privilegios reales, informó ayer El País.

“Los duques de Palma no encajaron bien esa táctica de aislamiento, según fuentes de su entorno, por considerarla injustificada y una condena por adelantado”, reportó el diario.  

Ahora, al rey Felipe VI, quien prometió en su primer discurso que la monarquía sería “honesta, íntegra y transparente”, no le queda más que esperar.

“Pleno respeto a la independencia del Poder Judicial”, se limitó ayer a declarar la Casa del Rey a los medios.

La condena de Cristina ayudaría a la causa de los ciudadanos que buscan que España celebre un referendo para instaurar una república y tumbar la monarquía, por lo que los defensores de la infanta y la Fiscalía Anticorrupción buscan tumbar el proceso.

“’La infanta ha sido imputada por ser quien es’, ha afirmado el fiscal (Pedro Horrach), quien considera si hubiera sido otra persona, no estaría imputada en el caso Nóos y ‘ni se habría hablado de ella’”, dijo ABC. 

¿Qué puede pasar?

• En conjunto, los dos delitos contra Hacienda y el crimen de lavado de dinero le valdrían a Cristina hasta 16 años de cárcel. 

• La infanta podría pagar una multa de hasta seis veces la cantidad que defraudó.

• La defensa de Cristina y la Fiscalía Anticorrupción aún pueden apelar el auto del juez.

• Las partes que acusan a la infanta tendrá un plazo de 10 a 20 días para presentar sus escritos.

• Aunque se desconoce si la infanta irá a juicio, la prensa española adelanta que su marido, Iñaki Urdangarín, probablemente sí lo hará. 

• Los reyes, Felipe VI y Letizia, seguirán distanciados de Cristina. 

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