Mamérita Mestanza era una mujer que falleció después de que le ligaron las trompas uterinas. Fue obligada por el gobierno del expresidente peruano Alberto Fujimori a aceptar el procedimiento porque ya era madre de siete niños y las autoridades querían controlar la natalidad de Perú en los noventa.
La joven campesina fue acosada desde 1996 por parte del personal de un centro de salud. Mediante amenazas que consistían en la posibilidad de denunciar a su numerosa familia, los profesionales de la salud lograron su consentimiento para la ligadura de trompas y le realizaron la cirugía el 27 de marzo de 1998.
Fue dada de alta al día siguiente sin importar que presentaba serias anomalías. La semana posterior su esposo informó varias veces al personal del centro de salud que la mujer empeoraba, pero le respondieron que eran los efectos de la anestesia.
Mamérita falleció en su casa el 5 de abril de 1998 por una infección generalizada. Su familia denuncia que días después un doctor ofreció dinero al esposo para dar por terminado el problema. Este caso que se narra en una acta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanece en impunidad al igual que los de más de 2 mil mujeres peruanas que fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Fujimori.
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Después de 20 años sin respuesta de las autoridades, las mujeres y sus familias están cerca de obtener justicia. Una fiscal peruana formalizó una denuncia penal contra Fujimori y tres de sus exministros por considerarlos autores mediatos de las esterilizaciones forzadas que se produjeron en los noventa, informó esta semana la organización civil DEMUS.
La denuncia fue realizada por la fiscal Marcelita Gutiérrez ante el Primer Juzgado Penal Nacional y comprende a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
También al exasesor del sector Ulises Jorge Aguilar y al exdirector general de la Región Salud IV de la región norteña de Cajamarca, Segundo Aliaga Pinedo; así como a otras dos personas identificadas como Octavio Marroquín y Magda González.
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En abril pasado, el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Fujimori ante el Poder Judicial por este caso y dispuso que los exministros Aguinaga, Costa y Yong sean procesados como coautores de lesiones graves en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y otras 2 mil 164 mujeres que aparecen como víctimas de las esterilizaciones forzadas.
Los casos son el resultado del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori puso en marcha durante la década de los noventa. Como consecuencia de esta política se realizaron 272 mil 28 operaciones de ligaduras de trompas y 22 mil vasectomías entre 1996 y 2001, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, se desconoce oficialmente cuántas se hicieron mediante presuntos engaños y coacciones.
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De esa cantidad, 2 mil 164 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas sobre las implicaciones de la cirugía, mientras que según el el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) determinó que al menos 18 mujeres murieron como resultado de los procedimientos forzadas, entre ellas, Mamérita cuyo caso llegó a la CIDH y finalizó con un acuerdo de solución amistosa.
Una política de control demográfico
Organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional denuncian que existen indicios de que el personal médico que aplicó este programa recibía presiones del gobierno de Fujimori para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.
La mayoría de afectadas procedían de comunidades indígenas en zonas rurales de Perú con escasos recursos económicos y en un contexto de conflicto armado interno, lo que lleva a activistas y organizaciones a denunciar que se trataba de “una política de control demográfico” dirigida a las personas más empobrecidas.
Hace 15 años, un grupo de víctimas presentó la primera denuncia ante la Fiscalía por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud que se perpetró en perjuicio de mujeres pobres de zonas rurales y quechuahablantes como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
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“Fujimori, sus ministros y las autoridades responsables de esos años tienen que ser sancionados porque han vulnerado nuestros derechos. Se han aprovechado de mujeres que no sabían leer ni escribir y tienen que hacerse responsables”, manifiesta Inés Condori, integrante de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, Cusco, en el comunicado de DEMUS.
En el mismo sentido, María Elena Carbajal, de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima que agrupa a más de 300 víctimas, agrega que el juez a cargo debe acelerar el proceso de investigación.
“Hemos esperado 20 años y sabemos que el fujimorismo aún tiene vínculos en el Poder Judicial, que es lo que hemos visto con el destape de la corrupción. Nosotras vamos a seguir luchando por justicia y reparación”, señala Carbajal.
Milton Campos, abogado de DEMUS para los casos de la sobreviviente Victoria Vigo y las fallecidas a consecuencia de esterilización forzada Mamérita Mestanza y Celia Ramos, sostiene que el juez del Primer Juzgado Penal Nacional debe darle prioridad al caso y señalar pronto una fecha para que la fiscal Gutiérrez sustente la denuncia y se presenten los cargos.
“Esperamos que el Ministerio de Cultura pueda ofrecer traductores en las zonas y el Ministerio de Justicia les garantice defensores públicos especializados, además de ser insistentes con los pedidos de información a las direcciones regionales de salud y al propio Ministerio de Salud”, comenta Campos.
Organizaciones internacionales como el Centro de Derechos Reproductivos y Cladem) reconocen la denuncia como un logro de las víctimas organizadas, las denunciantes y los movimientos feministas y de derechos humanos.
A partir de esta semana, la investigación del programa masivo de ligadura de trompas pasará al Poder Judicial después de 14 años de haber estado congelada como una pesquisa preliminar en la fiscalía y de cuatro archivos
Fujimori, de 80 años, está en una clínica de Lima bajo custodia policial desde que la Justicia peruana anuló por irregular el indulto que le dio en diciembre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El exmandatario, que además tendrá que enfrentar otro proceso por la matanza de seis campesinos de la provincia de Pativilca en 1991, argumenta que tiene derecho al indulto por sus problemas de salud.
Las mujeres que fueron sometidas a procedimientos de esterilización forzada y sus familias ahora sólo esperan la respuesta del juez para que puedan recibir justicia y se castigue a Fujimori y al resto de culpables.
