Ayer comenzó el juicio contra el que fuera presidente de la República Argentina entre 1999 y 2001. Teniendo en cuenta que, por lo general, la corrupción queda impune, se trata de un acontecimiento que puede marcar un antes y un después.
El cargo del que se acusa a De la Rúa es, según el diario argentino La Nueva Provincia, haber autorizado sobornos a varios senadores con el objetivo de aprobar una controversial reforma laboral que le exigía el Fondo Monetario Internacional a cambio de seguir refinanciando el país. Y es que el enjuiciado dirigió el país durante la peor crisis de su historia.
La reforma, polémica porque menoscababa los derechos de los trabajadores, iba acompañada de diversos ajustes fiscales que también implementó el ex presidente para evitar una suspensión de pagos que igualmente llegó.
Por esto, el principal obstáculo para la coalición de De la Rúa, conformada por su partido (Unión Cívica Radical) y por el Frente País Solidario (FREPASO), era la oposición de varios peronistas.
Pero, como siempre, para algunos, el dinero estuvo por encima de los ideales. Fue el caso de
Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda, también acusados por presuntos sobornos.
Además, también serán juzgados el que en ese momento era secretario de Inteligencia, el empresario Fernando Santibáñes; el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; y la persona que entregó las coimas, el que fuera secretario administrativo del Senado en ese periodo, Mario Portaquarto.
La crisis de 2001 y las protestas sociales, bajo el lema “¡Que se vayan todos!”, hicieron caer al gobierno De la Rúa.
