Juicio contra independentistas
Doce políticos que organizaron el referéndum ilegal para la autonomía de Cataluña pueden enfrentar una condena de entre siete y 25 años en prisión. Son acusados de rebelión y malversación de recursos públicos, entre otros delitos
Mariana RecamierEl histórico juicio a los independentistas catalanes se acerca a su fin después de cuatro meses de un proceso en el que participaron más de 400 testigos. Doce políticos de esta comunidad autónoma están acusados de haber infringido la ley al organizar un referéndum ilegal y proclamar la independencia de Cataluña en octubre de 2017.
Las partes del juicio expusieron el pasado 30 de mayo ante el tribunal sus conclusiones definitivas y todas ratifican las peticiones con los que llegaron al juicio, a excepción de un cambio de Vox.
De acuerdo con un informe sobre el caso, la Fiscalía española mantiene su petición de pena de 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por un delito de rebelión agravado con malversación de recursos públicos por su papel como líder del procés, la serie de acontecimientos desde 2012 para lograr la autodeterminación y la independencia de Cataluña de España.
La petición de la fiscalía para los otros once acusados es de entre siete y 17 años en prisión. El ministerio público también atribuye los delitos de rebelión y malversación a los otros exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que están en prisión preventiva (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa) y solicita 16 años de cárcel para cada uno.
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, quienes también están encarcelados, son acusados de rebelión, pero no de malversación. Sin embargo, son considerados “promotores o jefes” de la rebelión, por lo que la fiscalía pide 17 años de prisión.
El ministerio público tampoco cambia los delitos y peticiones de condena para los tres procesados que están en libertad preventiva: Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Para ellos solicita siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por malversación y multa de 30 mil euros y 20 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por desobediencia.
Además, el relato que hace la Fiscalía sobre el procés después el juicio contiene algunas modificaciones, tales como la referencia que hizo el comisario de los Mossos Ferrán López a unas palabras pronunciadas por Puigdemont durante una reunión previa al referéndum de independencia de Cataluña
“Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia”, menciona la Fiscalía en los nuevos documentos.
El ministerio público sigue manteniendo que los acusados promovieron la ejecución de una estrategia “perfectamente planificada, concertada y organizada” para fracturar el orden constitucional con el objetivo de conseguir la independencia de Cataluña
Las otras dos partes tampoco modificaron sus acusaciones. La Abogacía del Estado sigue calificando los hechos de sedición en vez de rebelión y pide penas de entre siete y 12 años de cárcel y el partido Vox considera que los procesados incurrieron en rebelión, organización criminal y malversación y solicita condenas de entre 24 y 74 años.
La única diferencia en las peticiones es que el partido de ultraderecha retiró el delito de organización criminal y el de malversación al exconsejero de Empresa Santi Vila, y solo le atribuye uno de desobediencia. Este cambio se traduce en que Vox ya no pide 24 años de prisión para Vila, sino solo una pena de inhabilitación.
Intervención de la ONU
Días después de que los resultados de la primera etapa del juicio se hicieron públicos, el gobierno español pidió la revisión de un informe de un grupo de expertos designados por la ONU sobre el encarcelamiento de los líderes independentistas catalanes porque considera que tiene errores.
La portavoz del gobierno Isabel Celaá aseguró que el documento contiene “errores y distorsiones” y que dos de los autores presentan “conflicto de intereses” al haber trabajado con el abogado de los independentistas en este caso.
El informe realizado por expertos designados por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra pero que no hablan en nombre del organismo, fue publicado el miércoles pasado y pedía la liberación de tres separatistas presos.
Se trata del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos ellos juzgados en el Tribunal Supremo por el intento de secesión de Cataluña en 2017 y encarcelados por más de un año y medio.
Por su parte, el embajador español en Ginebra Cristóbal González-Aller Jurado presentó dos cartas a Naciones Unidas sobre el informe.
En la primera “solicita la revisión de la opinión de este grupo por los errores y distorsiones que contiene” y en la segunda “alega que ha habido conflicto de intereses”.
De acuerdo con la portavoz del gobierno, dos de los autores del informe, un mexicano y un surcoreano, trabajaron como relatores junto a Ben Emmerson, un abogado británico que llevó el caso ante la ONU en nombre de los independentistas.
“Esto hubiera exigido su abstención en el tratamiento de este caso”, dijo Celaá.
Además, aseveró que los autores parecen desconocer el delito con el cual están inculpado a los políticos detenidos.
La portavoz también acusó a los expertos de ignorar la separación de poderes, subrayando que el gobierno no puede involucrarse en los procedimientos judiciales ni reclamar su liberación.
Además, reprochó al grupo de publicar deliberadamente el informe a pocos días del fin del juicio en el Tribunal Supremo.
El informe menciona que el encarcelamiento de los tres independentistas vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El juicio en contra de los independentistas catalanes termina el 12 de junio. Si los políticos son declarados culpables, pueden apelar ante el Tribunal Constitucional. Si su apelación fracasa, pueden acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ubicado en Francia.
