Aileen Cannon, jueza federal que preside el caso de mal manejo de documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump, aceptó la solicitud de la defensa de una audiencia para determinar si la fiscalía violó el secreto profesional entre el abogado y su cliente cuando obtuvo pruebas cruciales de los antiguos abogados de Trump.
Sin embargo, la jueza de distrito de Estados Unidos negó una solicitud para una audiencia sobre otra acusación del equipo de Trump, según la cual el Departamento de Justicia presentó información falsa o engañosa en la solicitud de una orden judicial para registrar la mansión de Trump en Florida en busca de registros clasificados desde 2022.
No fue un acierto para la fiscalía
Cabe destacar que la nueva orden produce un resultado agridulce para ambas partes, al tiempo que garantiza más retrasos en un caso penal que ya se ha visto paralizado por importantes aplazamientos que han dado como resultado la postergación indefinida de un juicio cuyo inicio había sido programado para el pasado 20 de mayo en Fort Pierce, Florida.
Con el objetivo de suprimir como evidencia los documentos clasificados incautados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el registro de la mansión de Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto de 2022, los abogados afirmaron que el Departamento de Justicia omitió o tergiversó hechos en su solicitud para obtener una orden judicial, presentada ante el juez de un tribunal inferior.
En aquel momento, el equipo de Trump sostuvo que en la solicitud se debió señalar que un oficial de alto rango del FBI propuso obtener el consentimiento de los abogados para realizar el registro, en lugar de conseguir una orden judicial autorizada por el tribunal.
Fiscalía sí o sí debía registrar propiedad de Trump
Sin embargo, la jueza estuvo de acuerdo con el equipo del fiscal Jack Smith al determinar que ni esa ni ninguna otra de las presuntas omisiones planteadas por la defensa tenían que ver con el hecho de que la fiscalía tuviera o no una causa probable suficiente para registrar la propiedad.
“Aun aceptando esas declaraciones del oficial del FBI de alto rango, la moción no ofrece una base suficiente para creer que la inclusión en la declaración jurada del punto de vista de dicho oficial (o de las opiniones discrepantes de otros agentes del FBI, según se hace referencia de forma general en su testimonio) habrían alterado el cálculo de evidencia en apoyo de una causa probable de los presuntos delitos”, señaló Cannon.
Ante este panorama, la jueza precisó que programará una audiencia separada para considerar la cuestión de si la fiscalía había obtenido indebidamente la cooperación de los abogados mediante una excepción al secreto profesional entre el abogado y su cliente.
Con información de AP.
