Un juez federal rechazó la liberación del mexicano Daniel Martínez Medina, el primer “dreamer” arrestado la semana pasada por agentes migratorios pese a participar en un programa federal para proteger a aquellas personas que fueron llevadas ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia.
El magistrado James P. Donohue, dijo en la Corte Federal de Distrito de Seattle, que Daniel Ramírez Medina de 23 años, debe solicitar una audiencia de fianza por parte de un juez federal de inmigración y debería obtener una en menos de una semana.
El arresto de Ramírez la semana pasada lo catapultó al debate nacional sobre las prioridades migratorias del presidente Donald Trump.
Algunas personas ven su detención como el primer disparo en un ataque al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) del ex presidente Barack Obama, mientras que las autoridades federales dejaron entrever que se trata solamente del ejercicio rutinario de su autoridad.
Los abogados de Ramírez habían solicitado al tribunal federal su liberación inmediata y decenas de personas se manifestaron en su apoyo a las afueras de la corte.
“Me preocupa que nuestro actual presidente esté creando inquietud en nuestra comunidad”, dijo Antonio Amaya, quien llevó a sus dos jóvenes hijos a la manifestación. “Traje a mis hijos porque es importante enseñarles que la lucha debe continuar”.
En documentos presentados el jueves, el Departamento de Justicia dijo que no había “sustento legal para que la corte de distrito considerara algún desafío” a la detención de Daniel Ramírez Medina, de 23 años, en parte porque tiene un caso pendiente ante una corte migratoria.
Los documentos legales presentados por el gobierno indican que Ramírez admitió estar relacionado con pandillas cuando fue interrogado por un agente de inmigración. Sus abogados afirman que se trata de una acusación falsa.
“El señor Ramírez no dijo esas cosas porque no son ciertas”, dijo el abogado de Ramírez, Mark Rosenbaum en un comunicado.
También se señala en documentos de la corte que Ramírez tenía un “tatuaje de pandilla” en su antebrazo, pero Rosenbaun dijo que los agentes no hicieron una identificación adecuada del mismo. Asegura que dice “La Paz, BCS”, capital el estado de Baja California Sur, México, en donde nació el acusado.
