El gobierno y legisladores buscan la remoción de un juez que concedió la libertad condicional a un violador ahora sospechoso de haber asesinado a una joven, un crimen que reavivó el debate sobre los beneficios que la ley penal argentina otorga a los delincuentes.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, criticó el lunes al juez Carlos Rossi, quien en julio de 2016 concedió la libertad condicional a Sebastián Wagner, condenado en 2012 a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres y quien el viernes fue detenido acusado del crimen de Micaela García, de 21 años, en la ciudad de Gualeguay, unos 250 kilómetros al norte de Buenos Aires.
El cadáver de García, que permaneció desaparecida varios días, fue hallado el sábado horas después del arresto de Wagner.
“Esperemos que el juez dé un paso al costado”, dijo Garavano a medios de prensa al señalar que un sector de la justicia parece “mirar más a los victimarios y se olvida de las víctimas”.
El juez Rossi benefició a Wagner con la libertad condicional por buena conducta a pesar de que informes penitenciarios y psiquiátricos recomendaban lo contrario.
El caso de Micaela García ha puesto otra vez bajo cuestionamiento al código penal argentino sancionado hace casi dos décadas y que se enmarca dentro de la corriente “garantista” del derecho penal. Luego de la última dictadura militar (1976-1983) y tras el retorno de la democracia comenzaron a ganar influencia los juristas contrarios a una línea “mano dura” contra la delincuencia por considerar que vulneraba sus derechos humanos.
El propio presidente Mauricio Macri se involucró en la polémica y exigió la víspera la renuncia de Rossi. “Tiene que entender la dimensión del poder que él tiene y que es para ayudar a la comunidad y no para sostener caprichos ideológicos”, apuntó.
El gobierno sostiene que Rossi, quien es juez de ejecución de penas y se encarga de controlar el cumplimiento de las condenas de los reclusos en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos, debería ser sometido a un juicio político si no dimite.
“La renuncia es una decisión personal. Si no, hay varios pedidos (de juicio político). Tenemos que aprender que cuando tomamos decisiones equivocadas y traen consecuencias tenemos que hacernos cargo”, sostuvo el ministro Garavano.
Rossi, que este lunes pidió licencia, no se ha pronunciado públicamente. The Associated Press intentó comunicarse con el magistrado sin éxito.
Miles de personas se manifestaron el sábado en distintas localidades para pedir justicia por los feminicidios, que en Argentina van en aumento. “Por Micaela y por todas las víctimas de la violencia de género, exigimos respuestas del sistema judicial que sigue amparando a violadores, abusadores, pedófilos”, rezó la convocatoria lanzada por el colectivo #NiUnaMenos. García participaba activamente en este tipo de protestas que buscan poner fin a la ola de feminicidios que azotan la Argentina.
Una mujer es asesinada cada 30 horas en el país, según estadísticas de una organización civil.
Informes del sistema penitenciario de la provincia de Entre Ríos habían desaconsejado que Wagner, quien había recibido una condena leve, fuera beneficiado con la libertad condicional.
“Pareciera ser que estamos cortando el hilo por lo más delgado cuando tenemos que, entre todos, hacernos cargo de una realidad que nos supera fácilmente porque no todos los resortes están funcionando”, declaró Antonio Mainez, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, órgano encargado de remover a los jueces.
Mainez, quien hasta el momento fue la única voz que se expresó a favor del juez, alertó que “tendríamos que tener estructuras acordes a población carcelaria, con especialistas que tomen cada uno de los casos. No parece que las estructuras administrativas estén cubiertas lo suficientemente en Entre Ríos”.
Por lo pronto, un pedido de juicio político contra Rossi ingresó formalmente el lunes ante el Consejo.
Nicolás Mattiauda, senador de Entre Ríos y autor de la iniciativa, dijo a la prensa que “hubo una gran irresponsabilidad por parte del juez” pero especificó que “falló todo el sistema de justicia, el sistema carcelario, que está colapsado y esto hace que a veces los jueces anticipen una liberación”.
