Un juez federal de Texas falló el viernes que el programa DACA que impide las deportaciones de algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños es ilegal, poniendo nueva presión sobre el presidente Joe Biden y sobre los legisladores demócratas que ahora controlan el Congreso para que impulsen un proyecto de ley que proteja a los “dreamers”.
El juez de distrito Andrew Hanen falló a favor de Texas y otros ocho estados conservadores que habían demandado para que se suspendiera el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (mejor conocido como DACA por sus iniciales en inglés), el cual brinda algunas protecciones a unas 650.000 personas. Los que ya están inscritos no perderán dichas protecciones, pero Hanen prohibió la tramitación de nuevas solicitudes.
La decisión de Hanen limita por el momento la capacidad de Biden de mantener el programa o algo similar. El mandatario prometió durante su campaña proteger el DACA.
Es el segundo fallo de un juez federal de Texas que detiene los planes de Biden en materia migratoria, luego de que un tribunal prohibió implementar la postergación de 100 días ordenada por Biden a la mayoría de las deportaciones. El programa ha sido impugnado en la corte desde que el expresidente Barack Obama lo instituyó en junio de 2012.
En el fallo del viernes, Hanen escribió que los estados demostraron “las contrariedades que la continua operación del DACA les ha infligido”.
“Además”, agregó, “el gobierno no tiene un interés legítimo en continuar con un programa implementado ilegalmente”.
Biden ya ha propuesto una ley que proporcionaría un mecanismo de naturalización para los 11 millones de personas que se calcula que viven en Estados Unidos sin autorización. También ordenó a las agencias que hicieran esfuerzos para preservar el programa.
Los partidarios del DACA, incluidos los que argumentaron ante Hanen para salvarlo, han dicho que es necesario que el Congreso apruebe una ley para proporcionar un alivio permanente. Hanen ha dicho que el Congreso debe actuar si Estados Unidos quiere proporcionar las protecciones del DACA a los beneficiarios comúnmente conocidos como “dreamers.”
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley en marzo para crear un mecanismo de naturalización para los dreamers, pero la medida se estancó en el Senado. Los simpatizantes de los inmigrantes esperan poder incluir una cláusula que abra esa puerta a la naturalización en un amplio proyecto de ley presupuestal que los demócratas desean aprobar este año, pero se desconoce si esa propuesta tendrá éxito.
Hanen emitió su fallo luego de una audiencia judicial de casi tres horas y media el 22 de diciembre sobre el destino del DACA.
Los estados argumentaron que Obama nunca tuvo la autoridad en 2012 para crear el DACA porque eludió al Congreso. Los estados también alegaron que el programa merma sus recursos educativos y de salud.
Además de Texas, los demandantes eran Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, todos ellos estados con gobernadores o secretarios de Justicia republicanos.
El Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación y la Fiscalía General de Nueva Jersey, que defendieron el DACA a nombre de un grupo de beneficiarios, argumentaron que Obama sí tenía la autoridad para instituir el programa y que los estados carecían de legitimación procesal para demandar porque no habían sufrido ningún daño debido al DACA.
Hanen rechazó la solicitud de Texas en 2018 para detener el programa a través de un interdicto preliminar. Pero en un presagio de su fallo más reciente, dijo creer que el DACA tal y como ha sido implementado probablemente es inconstitucional.
“Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo”, escribió Hanen en 2018.
El juez falló en 2015 que Obama no podía ampliar las protecciones del DACA ni instituir un programa que protegiera a los padres de los dreamers.
Aunque con frecuencia el DACA es descrito como un programa para inmigrantes jóvenes, muchos de los que ampara han vivido en Estados Unidos durante una década o más tras ser traídos al país sin autorización o quedarse después de que sus visas expiraron. El Centro para el Progreso Estadounidense, un organismo liberal, dice que aproximadamente 254.000 niños tienen al menos un padre que se apoya en el DACA. Algunos de los beneficiarios son abuelos.
La Corte Suprema federal falló que el intento del expresidente Donald Trump de poner fin al DACA en 2017 fue ilegal. Un juez de Nueva York le ordenó en diciembre al gobierno de Trump que restableciera el programa como lo implementó Obama.
Todd Schulte, presidente de FWD.us, una organización progresista, expresó su decepción por el fallo del viernes, diciendo en un comunicado que el DACA ha sido un gran éxito que ha transformado muchas vidas.
“Lo ocurrido hoy deja una cosa totalmente clara: Sólo una solución legislativa permanente aprobada por el Congreso eliminará el miedo y la incertidumbre con los que los beneficiarios del DACA se han visto obligados a vivir durante años. Exhortamos a todos y cada uno de los funcionarios electos a que hagan todo lo que esté a su disposición de forma que los beneficiarios del DACA y sus familias y comunidades puedan vivir libres de temor, y continuar construyendo sus vidas aquí”, dijo Schulte.
