El juez que convulsiona a Brasil

Sergio Moro es el juez que sacudió las estructuras de poder en Brasil. Este abogado brasileño que ganó notoriedad internacional por liderar la investigación conocida como Operación Lavo Jato tiene dividida la opinión pública en su país. La mitad de brasileños lo consideran un magistrado que lucha con éxito contra la corrupción, mientras el resto lo acusa de saltarse las leyes por su sed de justicia

Moro era un juez y profesor de derecho desconocido antes de comprometerse con Lava Jato. Se convirtió en un personaje clave para Brasil cuando comenzó un juicio en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien condenó el jueves pasado a una pena de 12 años por corrupción.

El juez trabaja desde Curitiba, ciudad del sureste brasileño donde también da clases a estudiantes de derecho. Después de estudiar para convertirse en abogado, Moro completó su formación en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde logró especializarse en investigaciones sobre corrupción.

Antes de los casos relacionados con Lava Jato ya había conducido varias investigaciones similares, pero no de las mismas dimensiones. Promovió como pocas la cooperación internacional de Brasil con otros países para detectar cuentas bancarias en el extranjero.

Uno de esos procesos fue contra el mexicano Lucio Rueda Bustos, al que sentenció en 2013 por lavar dinero del narcotráfico en Brasil. El acusado subastó inmuebles y autos de lujo de su propiedad por más de 6 millones de dólares.

El caso de Lava Jato no sólo colocó al magistrado en la mirada de la población brasileña, sino que logró dividir sus opiniones sobre esta investigación. No todo fue desde el principio de las pesquisas. La opinión que tenían los ciudadanos sobre el juez se polarizó cuando en marzo de 2016 obligó a declarar bajo custodia policial a Lula da Silva y divulgó la información sobre un diálogo telefónico entre este y la expresidenta Dilma Rousseff.

Estas medidas le valieron a Moro felicitaciones, pero también acusaciones de atropello a la ley. La propia Rousseff criticó la divulgación de las grabaciones. La exmandataria afirmó que los audios eran un peligro para el Estado de Derecho. Por las mismas acciones, activistas destacaron la tarea del juez contra la corrupción. Ambas posturas se han mantenido hasta la actualidad.

La investigación Lava Jato que dirige Moro empezó con una operación menor de lavado de dinero. El juez avanzó tanto hasta vincular este caso con políticos de otros países como Perú.

Los hallazgos lo condujeron a Petrobras, la empresa más grande de Brasil y también la mayor compañía estatal de América Latina. Moro descubrió que desde los puestos gerenciales de la petrolera se manejaba un esquema de corrupción que se mantuvo firme por lo menos entre 2004 y 2012.

El magistrado llegó a la investigación de Lava Jato por un caso de delitos financieros que indagó a Alberto Youssef, un banquero que figuraba entre sus acusados. El juez descubrió el vínculo de Yousseff con Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras.

Así cobró forma el operativo policial Lava Jato (lavacoches), denominado de ese modo porque comenzó en marzo de 2014 en una estación de gasolina desde donde se lavaba dinero.

Youssef y Costa ejercieron como los delatores primordiales en el escándalo de sobornos de Petrobras. Los dos acusados decidieron cooperar después de cerrar un acuerdo para recibir penas menores.

Sus denuncias indicaron que empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener contratos con Petrobras y que el dinero ilícito financiaba al entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a otros grupos políticos.

Empresas brasileñas de ingeniería y construcción, como la firma Odebrecht, pagaron sobornos a ejecutivos y políticos a cambio de adjudicaciones de grandes contratos de obra pública que licitaba Petrobras. Las operaciones sumaron más de 2 mil millones de dólares que se repartieron entre campañas políticas y el bolsillo de los protagonistas.

A partir de esta investigación dirigida por Moro fueron condenadas más de 100 personas. Entre los que recibieron sentencias se encuentran José Dirceu, exhombre fuerte del gobierno de Lula, Joao Vaccari, extesorero del PT, así como Marcelo Odebrecht e Otávio Azevedo, que presidían dos de las mayores empresas constructoras de América Latina: Odebrecht y Andrade Gutierrez.

Apoyos y oposición

En 2016, Moro recibió muestras de admiración por los manifestantes que buscaban la dimisión de Dilma Rousseff, quien finalmente salió de la presidencia por impeachment, un proceso político por el que un alto cargo público puede ser destituido.

Durante las manifestaciones por la destitución de Rousseff, el rostro y el nombre del juez aparecieron en carteles, camisetas y banderas. Algunos ciudadanos brasileños lo llamaron “super Moro”.

Aunque es apoyado por un sector de Brasil, las defensas de algunos implicados en el escándalo de Petrobras y ciudadanos brasileños han acusado al juez de forzar confesiones a cambio de penas menores.

Las acusaciones de excesos contra Moro crecieron a medida que comenzó el juicio contra Lula da Silva, quien fue condenado por aceptar un apartamento ofrecido por una constructora vinculada con el caso Lava jato.

La conducción obligatoria del expresidente brasileño a declarar sin enviarle un requerimiento previo fue criticada por algunos juristas e incluso por miembros del Tribunal Supremo Federal. Lula aseguró haberse sentido “prisionero” al ser llevado por la policía ante los investigadores.

Moro también sorprendió a la opinión pública cuando en 2016 informó públicamente sobre una conversación entre Rousseff y Lula, grabada por la policía, que alimentó las acusaciones de que ella nombró ministro al expresidente para evitar su arresto.

En el audio se escuchaba a Rousseff decirle a Lula que le enviaría el acta de su designación ministerial para usar “en caso de necesidad”. En otra conversación interceptada por agentes y hecha pública por el juez, se escucha a Lula hablar con un diputado sobre la posibilidad de intimidar a Moro y a los investigadores.

Por otra parte, el juez admitió haberse inspirado y además es un gran estudioso del proceso Mani Pulite (manos limpias), una operación que desarticuló una red de corrupción en Italia en la década de 1990.

Moro también comentó en alguna ocasión que utilizó como precedente un fallo de la Corte Suprema estadounidense de 1974 contra el entonces presidente Richard Nixon, quien poco después renunciaría por el escándalo Watergate.

Este juez que se ha ganado la simpatía y antipatía de los brasileños nació en 1972 en la ciudad brasileña de Maringá. Está casado con Rosângela Wolff, quien defiende a su esposo en las redes sociales y con quien tiene dos hijos.