Un juez federal anuló el jueves una política del gobierno del presidente Joe Biden que buscaba facilitar el camino hacia la ciudadanía para ciertos inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. La medida había sido vista como uno de los mayores esfuerzos presidenciales recientes para apoyar a las familias migrantes y evitar su separación.
El programa, conocido como “Keeping Families Together” (Manteniendo a las familias unidas), permitía que los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitaran una “tarjeta verde” sin tener que salir del país.
Esta facilidad ofrecía una protección contra la deportación que representaba una esperanza para alrededor de 500 mil personas, quienes ahora vuelven a enfrentarse a la incertidumbre.
Juez de Texas anula política de Biden
Sin embargo, el juez J. Campbell Barker, del distrito de Estados Unidos en Texas, dictaminó que el gobierno había excedido su autoridad en la implementación de esta política.
En su fallo, Barker argumentó que la administración Biden estiró la interpretación legal de las leyes de inmigración “más allá de su punto de ruptura”, y suspendió el programa en agosto, apenas días después de que los primeros solicitantes presentaron sus documentos.
El programa estaba dirigido a inmigrantes que llevan viviendo de forma continua en el país al menos una década y que no representan una amenaza para la seguridad.
Les permitía regularizar su situación sin dejar Estados Unidos y permanecer junto a sus familias, una opción que evita las largas separaciones que muchas veces enfrentan las familias con miembros de diferentes estatus migratorios.
Trump promete deportación masiva
La decisión de Barker se produce en medio de un contexto político complejo. La reciente victoria electoral de Donald Trump, quien asumirá la presidencia en enero, ha generado expectativas de una política de inmigración mucho más estricta.
Durante su campaña, el republicano prometió una “deportación masiva” y acusó a los inmigrantes de “envenenar la sangre” de la nación, enardeciendo a sus seguidores con un mensaje antiinmigrante.
La rápida suspensión del programa “Keeping Families Together” fue promovida por Texas y otros 15 estados, encabezados por fiscales generales republicanos. Los demandantes acusaron al gobierno de Biden de eludir al Congreso para implementar una medida con “fines políticos descarados”. Argumentaron que la iniciativa implicaría costos para los estados y podría atraer a más inmigrantes al país.
En este contexto, muchas familias temen las posibles consecuencias de un endurecimiento de las políticas migratorias bajo el nuevo gobierno. Aunque el programa de Biden había sido visto como un paso importante para la reunificación familiar, la decisión judicial y el inminente regreso de Trump generan un ambiente de profunda incertidumbre para los inmigrantes y sus seres queridos.
Con información de AP
