Yitzhak Amit, presidente interino de la Suprema Corte israelí, acusó al gobierno de Netanyahu de debilitar la independencia judicial. Foto: Especial

Los cargos de corrupción contra Benjamin Netanyahu

El primer ministro de Israel testificó por primera vez en el juicio donde la fiscalía busca probar un patrón de conflictos de interés y promoción personal bajo el amparo de su cargo

Para Israel el ataque del 7 de octubre lo cambió todo; para su primer ministro, Benjamin Netanyahu, hubo cosas que no cambiaron: sus citas ante el poder Judicial.

En medio de conflictos que lo obligan a dividir su atención entre la Corte y múltiples frentes de batalla, el mandatario israelí subió al banquillo por primera vez desde 2019, cuando fue presentado con cargos criminales.

Corrupción, fraude y abuso de confianza son las acusaciones que pesan sobre el mandatario en los casos 1000, 2000 y 4000, a los que el primer ministro se ha declarado no culpable; las investigaciones de la Fiscalía tejen un patrón de abuso de poder y conflictos de interés mediante el cual el mandatario se enriqueció bajo el amparo del poder público y  promovió su imagen en medios de comunicación.

En el caso 4000, la Fiscalía argumenta que en su papel como primer ministro de 2009 a 2021, Netanyahu concedió favores regulatorios con un valor de mil 800 millones de shekels (500 millones de dólares) a la empresa de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de cobertura positiva para él y su esposa en los sitios de internet controlados por la compañía.

En el caso 2000, el mandatario presuntamente impidió el crecimiento de un periódico opositor a cambio de promover su imagen.

Un día que la Corte fue interrumpida por las obligaciones del primer ministro, Netanyahu testificó nunca haber tenido un acuerdo con Shaul Elovitch, dueño de la empresa implicada en el caso 4000. De acuerdo con el mandatario, las reuniones con Elovitch estuvieron dentro de las facultades de su oficina, pues solo se discutió el potencial del sitio de noticias Walla como un medio enfocado al público de derecha.

Según Netanyahu, durante su pasada administración las reformas impulsadas por su gobierno no solo no beneficiaron a Bezeq sino que en los hechos terminaron con su monopolio sobre el mercado de telecomunicaciones israelí. El mandatario también acusó que la cobertura mediática durante los años que comprende la investigación fue más dura con él y su administración que lo que había sido previamente, por lo que un quid pro quo resulta “absurdo”.

Cargos jurídicos y golpes políticos contra Netanyahu

Para el profesor Rubén Ramos Muñoz, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, las acusaciones en contra del primer ministro merman la capacidad de maniobra de su gobierno y son un intento de sus rivales para debilitar su mandato.

“Las acusaciones tratan de mermar su poderío y evidentemente él tiene varios temas pendientes frente a la ley, de manera nacional como internacional; la oposición está dando a conocer estos cargos dentro y fuera de las fronteras de Israel porque está dividida la población en cuanto al conflicto contra Hamás y la oposición busca contrarrestar el liderazgo de Netanyahu para forzar su dimisión, algo por lo que se ha marchado todo el año”, explica el académico.

Pese a que antes del atentado del 7 de octubre la situación legal de Netanyahu fue el motivo de múltiples rondas de votaciones para que recuperara el cargo de primer ministro, actualmente, y de acuerdo a una encuesta del canal 12 de la televisión israelí, su partido, Likud, sería la fuerza política más grande en el país, aunque no serían capaces de formar gobierno debido a que la coalición en el poder no perdería la mayoría en el Parlamento.

La reforma judicial planteada por Netanyahu en 2023 intentaba disolver las facultades de la Suprema Corte. Foto: Especial

De acuerdo con la legislación israelí, el primer ministro sólo está obligado a renunciar si lo encuentran culpable de los cargos de los cuales es acusado, y una vez haya terminado el proceso de apelación. Al respecto, el profesor Muñoz considera que los cargos solo tendrán efecto una vez termine el conflicto.

“Se están buscando mecanismos para llegar a un acuerdo de paz y cuando esto suceda es probable que se fortalezcan los cargos contra Netanyahu y esto podría ser el incio del final; hay que recordar que están en guerra y, a pesar que los opositores no coinciden con él, es muy difícil que un país que se encuentra en un conflicto bélico internacional destituya a su gobierno; al contrario, cierran filas”, apunta el especialista.

La batalla de Benjamin Netanyahu contra el Poder Judicial

Si bien el apoyo a Netanyahu ha cambiado a lo largo del conflicto, las reservas del pueblo israelí sobre la reforma judicial que planeaba antes de la guerra siguen activas y en las últimas semanas miembros del gabinete de Netanyahu se han enfrentado a los jueces de la Suprema Corte al punto de tildarlos de dictadores por fallos en contra de los intereses oficialistas.

Aunque actualmente el gobierno de Netanyahu ha pausado sus planes para aprobar la reforma judicial planteada previo a la guerra, sus intentos por controlar las cortes no cesan; la decisión del gobierno israelí de retrasar la designación de nuevos jueces ha llevado al presidente interino de la Suprema Corte, Yitzhak Amit, a declarar que el Ejecutivo busca interferir en el funcionamiento interno de la judicatura.

La reforma judicial planteada por Netanyahu en 2023 intentaba disolver las facultades de la Suprema Corte de revisar y derogar legislación aprobada por el Congreso y aumentaba la influencia del gobierno al interior del sistema judicial al incrementar la representación del gobierno en los comités que designan a los jueces.

Durante el último año el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha recortado el presupuesto a diferentes cortes del país, llamado a ministros y congresistas a ignorar las resoluciones de la Corte e intentado controlar el aparato disciplinario de la judicatura. En opinión del presidente de la Suprema Corte, esto “causa una preocupación real acerca de la independencia institucional del poder judicial y los pilares de la separación de poderes”.

“En términos de Oriente Medio, (Israel) es uno de los países más democráticos por la elección de sus gobernantes y la división de poderes, a diferencia de las monarquías árabes de la región; pero la democracia israelí está supeditada a los estándares democráticos estadounidenses, por eso la reforma judicial de Netanyahu recibió críticas por parte de Estados Unidos que influyó en que no se aprobaran”,  añade el profesor Muñoz.

Te puede interesar