Luego de que el diario El Español revelara que las autoridades europeas realizaban una investigación en contra de una supuesta red de lavado de dinero, de la cual aparentemente pudo ser beneficiado el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, parece que el tema sigue creciendo en esas latitudes.
El fin de semana pasado, el portal español La Gaceta informó que un juzgado de España ya abrió un proceso penal en contra de quien resulte responsable por el presunto lavado de dinero, acusación derivada de una denuncia anónima en contra de los empresarios Manuel Barreiro, de México, y Juan Pablo Olea, de España.
De acuerdo con La Gaceta, el juzgado de Instrucción 4 de Madrid fue el encargado de abrir las investigaciones previas, apoyado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el cual recibió la denuncia anónima desde el 20 de abril.
Según la acusación, el empresario Manuel Barreiro compró por medio de la empresa Manhattan Master Plan una nave industrial propiedad del candidato presidencial Ricardo Anaya.
Esta transacción tuvo un valor de 54 millones de pesos y, de acuerdo con el portal español, contó con la participación del empresario español Pedro Olea, quien -según la denuncia- cuenta con “importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate”.
Pablo Olea es propietario de al menos 14 empresas con sede en España, las cuales supuestamente fueron utilizadas para ayudar a Manuel Barreiro a lavar dinero.
En la denuncia anónima se dice que esa estructura financiera tuvo como finalidad beneficiar a Ricardo Anaya Cortés; en caso de que las investigaciones confirmen estos hechos, las autoridades españolas podrían pedirle al gobierno mexicano que les permita tomar una declaración al candidato de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para que aclare los hechos.
La versión de Anaya
Anaya ha negado desde hace meses cualquier señalamiento por lavado de dinero en su contra, incluso insistió en el primer debate presidencial que sobre él no pesa ninguna acusación formal que involucre la construcción de la nave industrial.
Respecto a los señalamientos que cuestionan la manera en que un servidor público pudo pagar tal cantidad de dinero, el panista argumentó que desde hace años ha obtenido rendimientos de negocios privados, al igual que el caso de su esposa.
“Ingresé al servicio público a los 19 años de edad, contando ya con patrimonio propio, mismo que consta en el Registro de la Propiedad del Estado de Querétaro, así como en las declaraciones que, como servidor público, siempre he presentado en tiempo y forma ante las autoridades”, agregó el candidato presidencial.
Anaya explicó que JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V, la empresa familiar, compró el terreno en dólares, por lo que el precio nominal en pesos fue de 11 millones 918 mil, el cual terminó en 15 millones 302 mil 949 pesos, tras el alza del dólar.
“Se acusa de ser ilícita e inexplicable la inversión hecha para la compra del terreno (por $11,918,019.41) y la posterior construcción de la nave industrial (por $18,295,680.40), que suman la cantidad de $33,598,630.13”, señaló el candidato.
La empresa, según Anaya, realizó un pagó inicial por 3 millones 160 mil pesos, mientras que el resto lo cubrió en 17 mensualidades de 8 millones 533 mil, las cuales ascendieron a 12 millones 142 mil pesos, debido a la variación en el precio del dólar.
“Si el costo total de terreno y la construcción ascendió a $33,598,630.10 y la venta fue de $53,786,131.52 (incluido el IVA)(Ver aquí), existe una diferencia de $20,187,501.50 (incluido el IVA); sin embargo, a esta última suma debe restarse el Impuesto Sobre la Renta, que en este caso fue de $5,824,183. Además, también deben restarse los pagos correspondientes al IVA”, indicó.
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