La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es acusada de conducir una asociación ilícita para cobrar sobornos a cambio de licitaciones de obra pública y presionar a empresarios para que financiaran las campañas electorales durante los tres períodos constitucionales en que gobernó ella y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, entre 2003 y 2015.
La investigación comenzó cuando un juez obtuvo cuadernos que contenían registros llevados por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido.
De acuerdo con los cuadernos, Centero recogió y entregó bolsas con dinero presuntamente proveniente de los sobornos millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas.
La revelación pública de los documentos, en agosto del presente año, abrió una de las investigaciones sobre corrupción más grandes de la historia argentina, a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio
Un informe publicado el viernes pasado por la corte de Bonadio reportó que han sido indagados en total 52 empresarios y exfuncionarios kirchneristas desde que se iniciaron las investigaciones el 2 de agosto.
Lo peculiar de la investigación son las colaboraciones a gran escala de los empresarios y funcionarios involucrados en el caso a cambio de evitar sentencias.
Estos acuerdos legales son posibles gracias a una ley firmada en noviembre de 2016. La reforma estableció un mecanismo por el cual los sospechosos de crímenes pueden negociar su indulgencia a cambio de cooperar con los funcionarios judiciales.
La norma que es conocida como la ley del arrepentido permitió acuerdos de reducción de penas en varios crímenes, incluyendo corrupción, narcotráfico y tráfico humano.
En la investigación de los cuadernos, los primeros en confesar fueron los líderes empresariales, entre ellos Ángel Calcaterra, un primo del actual presidente de Argentina Mauricio Macri.
Confiscan hasta las bandas presidenciales
Por otra parte, la justicia argentina allanó el departamento que la expresidenta posee en el barrio porteño de Recoleta y las casas en Río Gallegos y El Calafate entre el jueves y el domingo de la semana pasada, como parte de la investigación.
En esos inmuebles, Bonadio intentó corroborar los dichos de varios de los implicados en la causa que señalaron que en esos lugares se llevaba el dinero recaudado de los sobornos.
Como respuesta, Fernández de Kirchner se mostró indignada ayer después de enterarse que en el allanamiento a su casa de El Calafate fueron confiscadas las bandas y bastones presidenciales de ella y de Néstor Kirchner.
“Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite”, publicó la también senadora en Twitter.
La expresidenta reaccionó así luego de que el medio argentino Clarín publicara todos los objetos que le fueron confiscados.
Esos bastones, regalos presidenciales, esculturas, cuadros y objetos por un total estimado de 10 millones de dólares fueron retenidos por la justicia en el marco de la investigación.
Para erradicar el peronismo
La investigación contra la expresidenta se caracteriza por sus avances rápidos y los altos niveles de exhibición del caso debido a las confiscaciones y la amplia cobertura de los medios argentinos.
“El caso demuestra que los procesos de democratización en Argentina se están llevando a cabo y es para que el pueblo confíe en el gobierno actual. Eso siempre tranquiliza a la sociedad, por eso es que el proceso va muy rápido”, explica Norma Soto Castañeda, especialista en negocios internacionales.
La experta agrega que la investigación también avanza de forma acelerada porque las posturas políticas de la exmandataria y el juez son distintas.
“Claudio Bonadio, quien no es seguidor de la corriente peronista como Cristina, está trabajando con toda la fuerza que tiene para llevar a cabo este proceso. Cuando visiones políticas que son diferentes llegan a encontrarse, las investigaciones judiciales se aceleran”
En el mismo sentido, la doctora en relaciones internacionales Arlene Ramírez Uresti comenta que el caso de la expresidenta va más allá de una lucha contra la corrupción.
“No solamente es un tema de transparencia y de rendición de cuentas, sino es el interés de un grupo político por exhibir lo que podrían ser los vestigios de un régimen de peronistas”, señala Ramírez Uresti.
La internacionalista añade que el actual presidente de Argentina lo que pretende es erradicar del escenario político la ideología peronista.
“Se quiere exhibir a un régimen que en los próximos meses tendría que estar no solamente enjuiciado, sino removido del escenario político argentino en términos de lo que Macri está buscando. Lo que se quiere exhibir es que son herederos de prácticas que estaban enterradas en Argentina”, menciona la doctora en relaciones internacionales.
El peronismo es la ideología política en la que se basa el régimen político de carácter populista que fue implementado en Argentina por Juan Domingo Perón durante su presidencia, arte: victor nieto entre 1946 y 1955.
Porque es mujer
Por otra parte, la internacionalista menciona que la investigación contra Fernández de Kirchner es especialmente dura porque es mujer.
“En América Latina la participación política de la mujer todavía está sometida a lo que los intereses de las cúpulas de hombres puedan permitir que ocurra y en ese sentido la expresidenta ha sido exhibida de manera constante por distintos temas”, comenta Ramírez Uresti.
La internacionalista agrega que también hay hombres involucrados en este caso de corrupción, sin embargo, la exmandataria es el foco de atención por su condición de género.
“Ciertos grupos políticos poco permeables exhiben a la mujer como la gran culpable siempre”, afirma la doctora en relaciones internacionales.
Ramírez Uresti menciona que mediante el caso de Fernández de Kirchner se logra desprestigiar la participación de las mujeres en la política.
“Es un fenómeno de desprestigio de la participación política de la mujer. Los ejemplos que hemos visto no han sido afortunados y eso ha generado mucha especulación sobre la capacidad que tienen las presidentas. Eso lastima y daña profundamente los derechos políticos de las mujeres”
Por otra parte, Ramírez Uresti afirma que la investigación de los cuadernos y otros casos como la Operación Lava Jato pueden provocar una cultura de mayor transparencia y eliminación de la corrupción, no obstante, considera que el problema radica en las instituciones de las democracias latinoamericanas.
“América Latina tiene instituciones que no fueron creadas ex profeso para la región porque son copias de modelos europeos que poco empataban con las necesidades a principios del siglo XIX y tampoco funcionan para las realidades contemporáneas”, asegura la internacionalista.
La especialista concluye que se deben revisar de fondo las instituciones y no sólo realizar cacerías de brujas cuando se dan casos de corrupción.
