Un juez guatemalteco ordenó a la fiscalía investigar si el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti integraron una estructura criminal junto a empresarios, exfuncionarios, banqueros y particulares para cometer hechos de corrupción.
Los delitos por los que el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó la investigación son cohecho pasivo y lavado de dinero. Este es el segundo caso contra Pérez Molina, de 65 años, y el tercero contra Baldetti, de 54. Ambos están presos.
Durante cinco días, de una audiencia que lleva 27 jornadas, y con una sala de visitas repleta de acusados, abogados, familiares y prensa el juez Gálvez hilvanó las acusaciones que la fiscalía realiza en contra de los imputados.
Pérez Molina se declaró satisfecho con la resolución del juez por considerar que eso permitirá unir los dos casos en su contra en uno solo. “Creo que el juez escucho los argumentos de los abogados. En mi caso personal es una resolución apegada a derecho”, dijo el exmandatario.
El procedimiento incluye en total a 53 personas, incluidos exfuncionarios del gobierno de Pérez Molina como el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el de Cultura, Dwight Pezzarossi, y los de Defensa Nacional, Ulises Anzueto y Manuel López.
El exmandatario es acusado de ser jefe de una organización criminal que se habría formado entre exfuncionarios, empresarios y particulares, a la cual denomina “Cooptación del Estado”.
La fiscalía dice que el expresidente presuntamente habría recibido 290 millones de quetzales, unos 37.9 millones de dólares, en comisiones de parte de empresas constructoras de obras públicas, a cambio de adjudicación de contratos de obra, y los acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y cohecho.
