Human Rights Watch revela abusos a manifestantes de Perú

La Fuerza de Seguridad de Perú fue señalada de cometer “abusos brutales” contra los manifestantes del país.

A través del informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, la organización Human Rights Watch (HRW) analizó la situación de violencia en esa nación.

Fue por las protestas originadas en diciembre pasado por la detención del expresidente Pedro Castillo y la elección de Dilma Boluarte como la nueva jefa de Estado por lo que la organización humanitaria empezó a analizar el caso.

Los inconformes aún piden la liberación del izquierdista, el aseguramiento de unas nuevas elecciones generales y el fin del mandato de la exvicepresidenta.

Manifestantes dijeron a Human Rights Watch que también salían a la calle por la frustración de no poder garantizar una mejor vida para sus hijos, la falta de acceso a educación, servicios de salud de calidad y sentirse olvidados por los líderes políticos.

Para controlar las protestas, en el informe se especifica que hubo un “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales“.

Aunque se destaca que algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una “fuerza desproporcionada”, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas.

Entrevistas con involucrados

Human Rights Watch llegó a esa conclusión tras entrevistar a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales, periodistas y otras personas en Perú y a distancia, además de verificar más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones. Revisó también autopsias, registros médicos, expedientes penales y otra documentación.

Además hubo reuniones con los ministros de Defensa e Interior, el excomandante general de la Policía Nacional de Perú, el inspector general de la policía, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo.

Con la información recabada por la organización se registró que 49 manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.

Asimismo, se encontró que al menos 39 personas murieron por heridas de bala y más de mil 300 resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Uno de ellos falleció en circunstancias poco claras.

Otros cinco inconformes murieron por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas y es probable que un manifestante haya perdido la vida por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia.

Sin intromisión de Boluarte

En el informe también se analiza la reacción que el gobierno de Dina Boluarte tuvo ante “los abusos brutales” de la Fuerza de Seguridad.

César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch, declaró que durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte “pareció haber mirado hacia otro lado”.

“Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”, dijo.

Ante esos hechos, la organización puntualiza que lo más probable es que las muertes registradas sean ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable.

Aunque en diciembre pasado aparecieron pruebas de que la policía y miembros de las Fuerzas Armadas estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza, las autoridades gubernamentales se mostraron indiferentes ante los abusos, negando a menudo que hubieran ocurrido.

Por otro lado, afirmaron sin pruebas que las muertes se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, y a su vez “menospreciaban y estigmatizaban repetidamente a los manifestantes, insinuando que eran “’terroristas'”.

En enero pasado, la fiscal de la Nación de Perú abrió una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte, el representante del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros funcionarios actuales y anteriores del gobierno, por delitos que incluyen homicidio y lesiones graves ocurridos durante las protestas.

Según declaró la propia Dina Boluarte, para calmar las protestas a finales de este año se llevarán a cabo elecciones generales para que sean los electores peruanos quienes elijan a su nuevo gobernante.