Human Rights Watch expone “falta de credibilidad” en instituciones de Guatemala

En Guatemala se llevarán a cabo elecciones presidenciales y legislativas en junio de este año, en medio de un escenario poco alentador para el país.

De acuerdo con un informe publicado por Human Rights Watch, la jornada electoral tendrá lugar en un contexto de “deterioro” del Estado de derecho, donde las instituciones encargadas de monitorear las elecciones “tienen poca independencia y credibilidad”.

Son el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, las principales instituciones responsables de llevar adelante las tareas electorales, como impedir que haya inhabilitaciones o procedimientos arbitrarios de opositores políticos, investigar el financiamiento ilícito de las campañas y garantizar que se respete el Estado de derecho.

“Sin embargo, muchas de las autoridades a cargo de estas entidades y tribunales han sido designadas a través de procesos que no fueron ni justos ni independientes, y algunas han demostrado un desprecio manifiesto por el Estado de derecho”, detalla la organización.

En el caso del TSE, que declara y valida los resultados finales de las elecciones y controla la imposición de sanciones y la suspensión o cancelación de partidos políticos, se investiga la selección de sus últimos cinco integrantes para el periodo 2020-2026.

Según se dio a conocer, el proceso de selección de sus miembros estuvo impulsado por “intereses políticos”, por lo que se abrió una investigación sobre uno de los actuales magistrados, Ranulfo Rojas, por su presunto papel en hechos de corrupción, pero la Corte de Constitucionalidad bloqueó la investigación.

Sobre la Contraloría General de Cuentas, la cual tiene la misión de velar por el uso apropiado de fondos públicos, se especifica que en la elección de 2019 en las que se iba a elegir al contralor general, el organismo en algunos casos no emitió certificados a candidatos opositores que deseaban participar en elecciones presidenciales y locales, lo que en la práctica impidió su postulación.

Por ejemplo, la Contraloría General impidió que se postulara la exfiscal Thelma Aldama, a pesar de que había trabajado en estrecha colaboración con la Controlaría.

Respecto al Ministerio Público se detalla que la fiscal general, Consuelo Porras, ha frenado investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, entre otras medidas, al trasladar de manera arbitraria o despedir a fiscales independientes como al titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien estaba investigando casos de corrupción.

“El Ministerio Público también propició procesos penales arbitrarios contra jueces, fiscales y periodistas independientes (…) Al menos una veintena de jueces y fiscales han huido del país después de que se presentaran cargos penales presuntamente espurios en su contra”, describe Human Rights Watch.

Sin contexto favorecedor

Además de la situación en las que se encuentran algunas instituciones gubernamentales en Guatemala, el panorama social no beneficia al país de cara a las próximas elecciones generales y legislativas.

En materia de libertad de expresión, se han impulsado cargos penales contra periodistas independientes, fiscales y jueces que investigaron o revelaron hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos e instancias de abuso de poder.

En el caso de los periodistas, varios profesionistas han enfrentado investigaciones penales que parecen ser motivadas por razones políticas, como fue el caso de José Rubén Zamora, director del medio El Periódico de Guatemala, quien se encuentra detenido por presunto lavado de dinero.

Según un reporte de la Asociación de Periodistas de Guatemala emitido en diciembre pasado, del 1 de enero al 31 de octubre de 2022, se registraron 105 actos y limitaciones a la a la labor periodística, y casi 400 desde el inicio del mandato del presidente Alejandro Gimmattei en 2020.

A su vez, el gobierno ha realizado acciones dirigidas específicamente a organizaciones de la sociedad civil. En julio de 2021, entró en vigor una nueva ley que impone requisitos “engorrosos” a las organizaciones no gubernamentales para desarrollar actividades en el país.

Un llamado a la comunidad internacional

Ante este panorama social y la falta de representatividad democrática de las instituciones, Human Rights Watch considera que la comunidad internacional debería ejercer un papel proactivo en la protección de los derechos de los guatemaltecos a votar y a participar en elecciones libres y justas.

“Los gobiernos extranjeros, incluidos los latinoamericanos y europeos, así como Estados Unidos, deberían además realizar un seguimiento atento de las condiciones electorales, imponer sanciones dirigidas específicamente contra empresarios y funcionarios públicos que atenten contra el Estado de derecho para instarlos a poner fin a los abusos que cometen”.

De igual manera, la organización remarca que los observadores electorales deberían realizar un examen exhaustivo de las condiciones previas al día de los comicios, incluida la posible exclusión de candidatos.

“Asimismo, deberían tomar en cuenta los señalamientos creíbles, incluyendo los emitidos por parte de organizaciones no gubernamentales y periodistas guatemaltecos sobre financiamiento ilícito de campañas, e instar a las autoridades a que adopten medidas eficaces para prevenir el financiamiento ilícito e investigar a los responsables de manera independiente e imparcial”, se detalla.