Human Rights Watch expone crisis de derechos humanos en América Latina

La organización Human Rights Watch publicó el Informe Mundial 2023, a través del cual detalló en qué situación de derechos humanos se encuentran los países del mundo.

En América Latina se analizaron, entre otras naciones, a Cuba, Ecuador, Colombia, El Salvador y México, abarcando temas como la violencia, la corrupción, la libertad de expresión, la migración y los presos políticos, por mencionar algunos.

Respecto a El Salvador, uno de los países de la región que más ha recibido críticas por el presunto autoritarismo de su actual gobierno federal, la organización expuso que en efecto ha habido violaciones a la Constitución con tal de beneficiar al presidente.

En septiembre del año pasado, por ejemplo, el mandatario Nayib Bukele anunció que buscaría una segunda postulación en 2024, a pesar de que la Constitución prohibía la reelección inmediata.

Para lograr su objetivo de permanecer en el poder, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema determinó en 2022 que la Carta Magna permita la reelección continua. En ese sentido, el jefe de Estado salvadoreño podría continuar con su cargo siempre y cuando la mayoría de los electores voten a su favor en las elecciones generales.

Sobre las pandillas en El Salvador, Human Rights Watch sostiene en su informe que, durante décadas, la respuesta de las autoridades ha oscilado entre “negociaciones oscuras” con pandillas y políticas de seguridad de “mano dura” que han facilitado violaciones de derechos humanos.

Como consecuencia de la violencia, se han registrado desplazamientos internos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en 2021 hubo 71 mil 500 desplazados. Asimismo, durante el mismo año más de 153 mil salvadoreños solicitaron asilo en otros países, principalmente en Estados Unidos.

Al igual que El Salvador, Colombia tiene desplazamientos originados por la violencia, provocando que desde 1985 más de ocho millones de colombianos abandonaran su país.

“Los municipios y los gobiernos departamentales muchas veces no cuentan con fondos para asistir a las personas desplazadas, y en muchos casos la respuesta del gobierno nacional ha sido lenta e insuficiente”, se lee en el informe.

Referente a los solicitantes de asilo en Colombia, en su mayoría provenientes de Venezuela, se remarca que han huido de su país, entre otras cosas, “para escapar de los enfrentamientos entre grupos armados y por abusos de las fuerzas de seguridad que incluyeron detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales”.

A pesar de que miles de migrantes huyen a Colombia para encontrar un modo de vida con menos enfrentamientos violentos, en el país siguen presentes guerrillas y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con el Informe Mundial 2023, las disidencias de las FARC y otros grupos armados, incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos sucesores de los paramilitares, han cometido múltiples “masacres”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 76 masacres durante 2020, la cifra más alta desde 2014, y recibió información sobre otras 82 entre enero y septiembre de 2021.

Hace apenas dos años, el ELN siguió cometiendo crímenes de guerra y otros “graves abusos” contra civiles, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.

Golpe a la libertad de expresión

Además de la violencia y la migración que se ha generado en países de América Latina, la escasa libertad de expresión es otro aspecto que los caracteriza, de acuerdo con el Informe Mundial 2023.

En El Salvador, por ejemplo, la Asociación de Periodistas informó sobre 421 agresiones contra la prensa ocurridas entre 2019 y 2021, incluyendo ataques físicos, hostigamiento digital y restricciones al ejercicio periodístico y al acceso de información pública.

En enero pasado, Citizen Lab y Access Now compartieron que el programa informático espía Pegasus había sido utilizado para intervenir los teléfonos de al menos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil salvadoreños.

Así como El Salvador, en el informe se resaltó que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en cuanto a la cantidad de asesinatos” de estos profesionistas.

Tan sólo en 2020, periodistas mexicanos registraron 692 amenazas, ataques y otras formas de agresiones, convirtiéndose en el año con la cifra más alta registrada hasta el momento.

“Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión”, se lee en el Informe Mundial.

A diferencia de otros países, se puntualiza que en Cuba es el gobierno el que controla prácticamente todos los medios de comunicación, restringiendo el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.

La organización detalló que, además de los periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas e incluso académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias.

Esa situación llevó a miles de cubanos a salir a las calles en diferentes ocasiones, siendo la más destacada en julio de 2021, cuando se sumaron organizaciones especializadas a nivel internacional y la opinión de diferentes gobiernos del mundo.

En el caso de Ecuador, se especifica que el presidente Guillermo Lasso ha tomado las riendas de manera diferente, presentando incluso un proyecto de ley para reemplazar la Ley de Comunicaciones que el exmandatario Rafael Corral utilizó para debilitar la libertad de expresión.

Incluso antes del arribo de Lasso al poder, en 2018 los legisladores ecuatorianos eliminaron el organismo conocido como SUPERCOM, que el gobierno de Correa había utilizado para hostigar y sancionar a medios de comunicación independientes.