Human Rights Watch advierte a Lula da Silva sobre riesgo en Amazonía

La organización Human Rights Watch le envió una advertencia al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a un mes de tomar posesión.

A través de un informe titulado “Cenizas de la selva”, se le pidió al político de izquierda que tome medidas urgentes para abordar la crisis de derechos humanos asociada con la destrucción de la selva amazónica y restablecer el Estado de Derecho.

La ONG hizo énfasis en las acciones realizadas dentro del proyecto Terra Nossa, destinado a la agricultura a pequeña escala y el uso sostenible de recursos forestales en el estado de Pará, donde se evidenció el nexo que existe entre la violencia, la destrucción ambiental y la pobreza en numerosas comunidades rurales que dependen del uso sostenible del bosque de la Amazonía.

“Lo que vemos en la Amazonía es tanto una crisis ambiental como de derechos humanos. El gobierno de Lula debería movilizar a todos los niveles de gobierno y actuar en coordinación con el Ministerio Público para combatir a las redes delictivas que son responsables de destrucción ambiental y de violencia letal”, declaró al respecto María Laura Canineu, directora para Brasil de la organización.

De acuerdo con el informe, pueblos indígenas, pequeños agricultores y otras comunidades locales, han arriesgado su vida en un intento por conservar sus tierras y proteger el medio ambiente y sus medios de subsistencia.

“Se enfrentan a los embates de redes delictivas implicadas en actividades ilegales de tala, minería y apropiación de tierras, que movilizan a hombres armados para amenazar y atacar a quienes alzan la voz en defensa de la selva”, se describe en el texto.

Desde 2018, integrantes de Terra Nossa creen que esos grupos han asesinado al menos a cuatro personas que pretendían denunciar los delitos ambientales en el proyecto o por amenazar los intereses de organizaciones delictivas.

Por otro lado, el informe incluye testimonios de testigos que señalan que, el año pasado, actores delictivos provocaron incendios dentro de Terra Nossa que arrasaron con la vegetación, los cultivos y la reserva forestal donde los residentes recogían castañas de pará, o nueces de Brasil, eliminando así sus fuentes de ingresos.

Según señaló la fiscal general Gabriela Dalla Favera de Oliveira, el objetivo de esos delincuentes no fue tan sólo despejar el suelo para desarrollar allí ganadería o plantar soja, sino además “intimidar” a los residentes, destruir sus medios de subsistencia y obligarlos a irse.

Postura positiva

Las advertencias al presidente Lula da Silva se dan ante las propuestas en favor de los pueblos indígenas y la Amazonía que el político impulsó durante su campaña y que prometió cumplir.

Entre otros temas, el líder del Partido del Trabajo (PT) aseguró que la agenda verde sería un elemento central en la política exterior, por lo que reforzaría la cooperación internacional para proteger la Amazonía, y tendría cero tolerancia con la deforestación.

“Resulta alentador que el presidente Lula da Silva se haya comprometido a impulsar un cambio radical en las políticas de Brasil tras años de destrucción ambiental”, declaró la directora de Brasil para Human Rights Watch.

En ese sentido, se pidió que, para enfrentar el problema, el gobierno entrante brasileño formule un plan integral para proteger la Amazonía y a los que intentan defenderla, como los pequeños agricultores de Terra Nossa.

Asimismo, el gobierno deberá coordinar una acción junto con organismos federales, incluido el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), la Policía y fiscales federales para formar un plan de consulta con las comunidades locales, destinado a prevenir los delitos ambientales y la violencia, y asegurar que haya justicia cuando estos hechos ocurran y desarticular redes delictivas en la Amazonía.

Origen de la observación

La situación descrita en Terra Nossa por Human Rights Watch pone de manifiesto que “la inacción” del gobierno es la que facilita la apropiación de tierras y la destrucción ambiental, propicia la violencia, la pérdida de los medios de subsistencia y la pobreza.

Esas características se desarrollaron durante los últimos cuatro años del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue señalado en repetidas ocasiones de no hacer lo suficiente por las comunidades indígenas y las áreas verdes en las que vivían.

En 2019, por ejemplo, el año en el que el ultraderechista tomó posesión, aprobó un decreto que asignaba la responsabilidad de certificar la protección de los territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, el cual llegó a defender los intereses de las industrias que quieren mayor acceso a esas tierras. Antes de esa medida, el proceso estaba a cargo de la Fundación Nacional del Indio, organismo que se encarga de proteger los derechos y el bienestar de las comunidades originarias en Brasil.

Por otro lado, a dos años del término del gobierno de Bolsonaro, su administración sigue en la mira por su supuesta vinculación en el genocidio de indígenas yanomamis; caso por el cual el Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación esta semana luego de que el presidente Lula da Silva aprobara una emergencia sanitaria para esa comunidad indígena.

El grupo de los yanomamis es uno de los tantos ubicados en la región amazónica con graves problemas de salud como la desnutrición e infecciones respiratorias, y que además recibe amenazas de minería ilegal por parte de personas presentes en sus tierras.

Durante el gobierno bolsonarista también se llegaron a descuidar las políticas en materia ecológica para las tierras de la Amazonía, ubicando al país como uno de los que menos acciones impulsó en esa materia, de acuerdo con el Índice de Desempeño del Cambio Climático publicado en noviembre pasado.