Hong Kong presenta una iniciativa en contra de su autonomía

La autonomía de Hong Kong y lo que esto significa para sus ciudadanos vuelve a ponerse en entredicho debido a la propuesta presentada en el Consejo Legislativo de una nueva Ley de Seguridad Nacional que castigaría con cadena perpetua a los residentes que “pongan en riesgo la seguridad nacional”.

Desde 1997, la región administrativa especial, su clasificación oficial por el gobierno chino, ha vivido en una constante tensión entre las prácticas y libertades democráticas legadas de la ocupación británica y las tendencias autoritarias ejercidas por las autoridades Chinas. En 2019, esa tensión se manifestó en protestas masivas en contra de una ley de extradición que pretendía juzgar en cortes chinas a habitantes hongkoneses.

Las protestas, que fueron recibidas con represión por parte de Beijing, continuaron hasta que en junio de 2020 el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional pasó por alto la legislatura local y emitió la Ley de Seguridad Nacional como respuesta a las manifestaciones.

Con base en el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong, donde se dicta que la región administrativa especial tiene la obligación de legislar para prohibir actos que pongan en riesgo a la República Popular de China, la normativa de 2020 criminalizó cualquier disidencia al expandir las definiciones de cuatro crímenes: sedición, terrorismo, subversión y colusión con poderes extranjeros.

Hong Kong después de la Ley de 2020

La Ley de 2020 permitió a las autoridades chinas eliminar la oposición política en la ciudad a través de la descalificación de los candidatos rivales y suspender a oficiales que manifestaron descontento con el régimen. La aplicación de la ley ha resultado en la migración de activistas pro democracia y el arresto de al menos 260 personas que permanecieron en Hong Kong trás la promulgación de la normativa.

La nueva propuesta de ley que se encuentra en discusión el Consejo Legislativo de Hong Kong, constituida en su mayoría por legisladores leales a Beijing, expande ciertas definiciones, como sedición y secretos de Estado, y endurece las penas por algunos crímenes. En caso de traición, insurrección y sabotaje se obtendría hasta cadena perpetua, mientras que sedición, definida como incitar al descontento o el odio contra las autoridades, pasa de una pena de dos a 10 años de prisión.

Tanto diplomáticos como líderes de negocios radicados en la ciudad han manifestado su preocupación de que la ley pase sin el consenso del público y sin las provisiones que, hasta este momento, contempla respecto a derechos humanos o pueda llevar a una situación de ilegalidad a los intereses económicos que otros países mantienen en Hong Kong.

La presentación de esta propuesta coincide con la reunión anual del Comité Permanente, donde los legisladores chinos se comprometieron a legislar para modernizar el sistema y las capacidades de seguridad nacional del país asiático.

La promesa de la Asamblea incluye la revisión de la Ley de Manejo de Emergencias, la Ley de Energía Atómica y la Ley de Ciberseguridad, en respuesta a lo que Beijing percibe como una fuerte competencia geopolítica.

En opinión de la doctora Natalia Rivera, internacionalista y coordinadora del módulo Sureste de Asía del Programa Universitario de Estudios sobre Asía y África, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque ambos eventos coinciden en el tiempo y responden a preocupaciones similares, su análisis debe mantenerse separado debido al contexto histórico y político que diferencía a Hong Kong del régimen chino.

Seguridad, una prioridad para Xi Jinping

La académica señala que las desavenencias que China ha tenido con Occidente, en particular con Estados Unidos, la caída económica del país tras el COVID-19, y el descontento con las medidas adoptadas durante la pandemia por el gobierno, han provocado que Xi Jinping, el presidente chino, haga de la seguridad interna un tema prioritario para su administración.

“La política cero COVID, más las manifestaciones sociales, más la crisis económica, han llevado a que el presidente cambie su agenda de una enfocada a lo económico a una que incluya el tema de la seguridad […] Eso habla de un fortalecimiento del autoritarismo”, comenta.

En tanto a la Nueva Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, la doctora considera que las presiones internas provocadas por la política “Un país, dos sistemas” y el involucramiento de agentes externos ha llevado a la consideración de esta legislación, la cual podría tener graves implicaciones para la escasa disidencia que permanece en Hong Kong.

“Esto genera un problema interno muy fuerte, porque lo que se pretende es el control de la sociedad […] Esta autonomía política que tenía Hong Kong está quedando de lado porque lo que observamos es un endurecimiento de las medidas y un mayor control que refleja el alto grado de autoritarismo que se tiene dentro de China; estas propuestas pretenden disuadir aquellos que pretenden una mayor democratización, pues lo que se logró es cambiar el proceso de libre elección a que la población se sujete a un decreto de corte ejecutivo por el cual se tiene que reprimir cualquier manifestación”, señala la académica.

Si bien las amenazas a los  derechos y libertades de la población son graves y explícitos, los riesgos a la ciudad como un centro financiero mundial son también una consideración que los grandes capitales de Hong Kong tendrán que considerar. De acuerdo con Rivera, la preocupación por parte de inversionistas en la ciudad se verá reflejada en una disminución de las oportunidades económicas para la urbe.

“Lo que hemos visto durante las manifestaciones (de 2019 y 2020) es que las inversiones se reducen y la bolsa puede sufrir una caída por la inestabilidad política que se genera, y sin duda afecta mucho a Hong Kong. Es un daño colateral, pero es una consideración relevante”, finaliza la especialista.