China aprobó una controversial ley que no ha sido bien recibida por los ciudadanos de Hong Kong y que en su primer día de entrada en vigor ya causó las primeras detenciones de activistas que se oponen a la misma.
La llamada ley de seguridad nacional, que fue avalada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional del país asiático el 30 de junio, consta de 66 artículos en los que abre la posibilidad de penalizar con cadena perpetua a cuatro categorías de delitos, que son la secesión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras.
La polémica que esta ley trae consigo reside en que restringe el derecho a las protestas y la libertad de expresión para los habitantes de Hong Kong, acciones que además criminaliza y que podrá juzgar bajo las leyes del régimen comunista, las cuales consideran la pena de muerte.
Surya Palacios, analista jurídico, explica que con esta ley de seguridad el régimen comunista que lidera el presidente Xi Jinping irrumpirá el sistema jurídico de Hong Kong, además que establece normas que son violatorias de los derechos humanos.
Los artículos de la ley son muy ambiguos y el propósito es reprimir a la oposición de Hong Kong al Partido Comunista. El objetivo de esta normativa no es jurídico, se está utilizando con fines políticos porque busca acabar con la oposición de Hong Kong
El sistema jurídico de Hong Kong es una mezcla de las leyes que regían cuando la isla estaba bajo el régimen de Reino Unido y algunas consideradas en el sistema del país asiático. Sin embargo, el régimen chino podrá homogenizar las sanciones a los residentes de la isla.
En este sentido, Surya Palacios detalla que los delitos por secesión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras podrán ser juzgados por tribunales en China, los cuales suelen operan de forma secreta.
“La ley es completamente violatoria de los derechos humanos. En una protesta, la policía puede considerar si un manifestante que causa daños a la propiedad pública comete el delito de subversión y con ello llevarlo a enfrentar la cadena perpetua”, declara Palacios.
En adelante, los daños al transporte que pudieran presentarse en medio de una movilización serían considerados como sabotaje, y después como actividad terrorista, delito que en China es castigado con pena de muerte.
Con esta ley, el presidente Xi Jinping podrá reforzar el control del Partido Comunista en la ciudad, después de la crisis política causada por las manifestaciones multitudinarias que iniciaron durante el verano del año pasado, en la que hongkoneses exigían respeto por la democracia.
Mientras los líderes de Hong Kong hicieron poco por detener el paso de la ley, manifestantes tomaron las calles y terminaron en un enfrentamiento con la policía. La movilización dejó más de 300 personas detenidas, entre ellos un joven que portaba una bandera de independencia. La policía intentó poner fin a la movilización con gases lacrimógenos.
El mundo en contra por Hong Kong
La ley que el régimen chino emitió deberá ser integrada a los estatutos que rigen a la isla. Autoridades del país asiático dijeron que la normativa muestra el compromiso del gobierno central con un país que tiene dos sistemas.
“La promulgación de la ley es la muestra a nivel estatal que el gobierno central está decidido a restaurar la estabilidad en Hong Kong después de la escalada de violencia y disturbios desde junio pasado”, dijo Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, la jefa ejecutiva de Hong Kong, de acuerdo con el sitio de noticias China.org.
Estas declaraciones dejan claro que el gobierno de Hong Kong implementará la ley de seguridad nacional, dando una oportunidad para que China infiltre el sistema judicial sin restricciones.
La normativa estipula que las autoridades de Hong Kong deben crear un departamento que se encargará de analizar si se cometieron o no los delitos referidos, pero estos estarán integrados por funcionarios del régimen, quienes tendrán el poder para llevar a los presuntos culpables a los tribunales en China.
Los delitos por secesión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras podrán ser juzgados por tribunales en China
En tanto, un grupo de 27 países, casi todos de la comunidad europea, hicieron un enérgico llamado a las autoridades chinas para que detengan la ley, bajo el argumento de que el régimen debe preservar el derecho de reunión y la libertad de prensa en la excolonia británica.
Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, adelantó que permitirá que tres millones de hongkoneses cambien su residencia al país europeo después de declarar que las nuevas normas se contraponen al tratado que los países firmaron en 1984, que establecían el doble sistema para la isla.
Por separado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó a China por aprobar la ley y anticipó que la administración de Donald Trump tomará medidas para eliminar las exenciones políticas que dan a Hong Kong.
“Esta ley pretende que los acuerdos internacionales se adecuen a ella, incluidos los acuerdos de derechos humanos, lo cual es una contradicción completa porque los tratados globales no pueden alinearse a una legislación local”, dice Surya Palacios.