El pasado 25 de julio, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, indicó que en una conferencia de prensa que cerca de 600 mexicanos estaban refugiados en distintas partes de ese país, pues, huyeron de los enfrentamientos y reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales en el estado de Chiapas.
De inmediato, los medios reportaron la insólita situación y el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) reforzaron el número de elementos que protegen la frontera con México para evitar que los grupos criminales que se disputan el territorio chiapaneco ingresen al país centroamericano.
Familias enteras dejaron atrás sus comunidades. De inmediato, las autoridades de ambos países comenzaron a trabajar en conjunto, tanto para facilitar el regreso de los desplazados como para ofrecerles permisos humanitarios para permanecer al sur de nuestra frontera.
Al menos 207 víctimas de desplazamiento forzado se mantienen en el municipio guatemalteco de Cuilco, donde reciben asistencia. Y es que la salida de mexicanos para refugiarse en Guatemala es un hecho insólito, jamás registrado anteriormente.
¿Por qué se van los chiapanecos?
La respuesta es clara: la zona se ha convertido en un territorio disputado, desde hace unos dos años, por dos de los cárteles más violentos y poderosos en México, de acuerdo con la DEA, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Desde los años noventa, el Cártel de Sinaloa se había aliado con los grupos criminales guatemaltecos para el tráfico de drogas en el país, particularmente con la familia Lorenzana, por lo que tenía monopolizado el territorio.
Tradicionalmente, el cártel fundado por “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada no realizaban incursiones violentas en la zona y eran más de “apoyarse” en sus socios regionales, dejándoles libertad de acción.
Sin embargo, la llegada a la zona del Cártel Jalisco, mucho más violento y con la necesidad de tomar el control del territorio, provocó no sólo los conflictos entre las agrupaciones criminales, que comenzaron como tiroteos en las comunidades, sino que evolucionó a violencia directa contra la población.
Las extorsiones y el reclutamiento forzado, además de las incursiones violentas, se convirtieron en un foco de peligro constante para los chiapanecos, que salieron hacia Guatemala aprovechando exactamente lo mismo que los criminales: los mil kilómetros de frontera sumamente porosa.
¿Entonces qué están buscando los cárteles en Chiapas?
Las organizaciones criminales buscan controlar el tráfico de migrantes. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), existe un paralelismo entre que se reabrieron las fronteras tras la pandemia de Covid, en 2022, con un aumento sustancial en la migración por la frontera sur mexicana.
Ese aumento en la llegada de migrantes va de la mano con la aparición de brotes de violencia en la frontera chiapaneca.
De acuerdo con el doctor Javier Oliva, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas de seguridad, la trata de personas se convirtió en la fuente de ingresos más rentable para el crimen organizado, incluso más que el tráfico de drogas.
“La región (chiapaneca) cambió a partir de la incursión de las organizaciones criminales, porque según la UNODC el delito más lucrativo en el mundo es de tráfico de personas, más que de drogas o cualquier otro delito, entonces esto es importante señalarlo, porque (comienza) a partir de las oleadas de migrantes forzados que suben por Centroamérica y que se organizan desde Nicaragua”, señala.
“Si no hubiera migración forzada en Chiapas, no habría presencia de las organizaciones criminales, porque no tendrían un negocio lucrativo, pero el paralelismo cronológico que hay entre la migración forzada y la presencia de organización criminal es muy clara”, apunta.
A esto se suma la aparición de un grupo denominado Cártel de Chiapas y Guatemala, que estaría formado por criminales de ambos países.
La violenta pelea entre el CDS y el CJNG
Para el doctor Raúl Benítez, investigador de la UNAM, experto en seguridad nacional y Centroamérica, miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, el negocio millonario de migrantes no sólo centroamericanos, sino también sudamericanos e incluso africanos y asiáticos, no podía ser ignorado.
“Muy rápidamente la migración se volvió un negocio criminal muy grande, la trata de personas y el transportar a los migrantes, hasta entonces controlado por pequeños grupos mafiosos en Chiapas (…) se hizo atractivo para los cárteles”, explica.
Asegura que el control de un negocio multimillonario fue lo que incitó al Cártel Jalisco Nueva Generación a incursionar en la zona.
“Se están disputando los pueblos, los transportistas, pues a sangre y fuego y entonces, por eso se ha incrementado mucho la violencia, hace cinco años, antes del Covid no estaba esto, Chiapas tenía 20 años siendo un estado muy pacífico y de repente explotó la violencia allí, pues por esta razón”, afirma.
Guatemala y su experiencia contra los cárteles mexicanos
El país centroamericano siempre ha tenido cuidado en su frontera con México, pues es custodiada tanto por el Ejército, como por la Policía. No es que no pasaran cosas irregulares, pues hay paso de drogas y migrantes, pero el flujo siempre iba de Guatemala hacia México y no al revés.
Los grupos criminales locales, junto a sus aliados en Cártel de Sinaloa, hacían que la zona permaneciera en un “estado de paz” aparente.
Pero en 2009, la llegada de otro grupo sumamente violento a la zona cambió el panorama: Los Zetas.
Con aliados locales distintos al Cártel de Sinaloa, Los Zetas buscaron controlar las mismas rutas que sus rivales y se asentaron en el norte y occidente del Guatemala, en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Quiché y San Marcos.
Organizaron campamentos de entrenamiento, para que tomaran sus modos altamente violentos, y comenzaron a extorsionar y despojar de propiedad a los guatemaltecos, en uno de sus momentos más álgidos, incluso desafiaban abiertamente a las autoridades en Alta Verapaz, con ataques a la policía.
En 2011, Los Zetas asesinaron a 27 campesinos en una finca en Petén y dejaron su sello característico: los torturaron durante toda la noche y los decapitaron. La historia con más detalle se supo gracias a dos sobrevivientes de la masacre.
Es ante estos peligros que Guatemala se encuentra ahora blindada, mediante su Constitución, con el uso de su Ejército.
El artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala faculta al Ejército a realizar funciones de seguridad pública, como a su policía, pues las Fuerzas Armadas deben “mantener la seguridad interior y exterior”.
Es por ello que no es de extrañar que ante la última llega de mexicanos, la presencia del Ejército guatemalteco en la frontera con México aumentó.
También es la razón por la que los cárteles mexicanos no se atreven a cruzar a territorio extranjero para realizar incursiones violentas como las que realizan en Chiapas.
¿Por qué tomar el control de la frontera con Guatemala y no la de Belice?
Existen dos posibles respuestas, la primera diplomática y la segunda, de seguridad.
Para Javier Oliva, en el escenario mundial, una incursión del crimen organizado a Belice responde a un problema no sólo regional, sino que implica a la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) de la que el país forma parte.
El problema diplomático no se limitaría al primer ministro de Belice, sino que podría llegar hasta el gobierno británico, quien dirige la Mancomunidad.
Para Raúl Benítez, la respuesta del porqué no se han trasladado los problemas a la frontera con Belice también va de la mano con una de las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya.
“Con Belice sólo hay una frontera, que es subteniente López, ahí a lado de Chetumal, y en ese punto hay una presencia muy grande del Ejército mexicano porque se está construyendo el Tren Maya y a lado de la frontera está la estación del tren en Chetumal, a lado del aeropuerto”, aclara.
Es por ello, indica el experto, que el control de la zona se encuentra por completo en manos de las Fuerzas Armadas mexicanas, que no permitirían que la obra insignia del gobierno federal se vea afectada.
“Es mucho más fácil de controlar que la parte guatemalteca pegada a Tapachula, a Ciudad Hidalgo y a Ciudad Cuauhtémoc (…) no hay posibilidad de que los criminales lleguen hasta allá”, apunta.
¿Cambiará pronto la situación en Chiapas?
Ambos expertos coinciden en que el cambio de gobierno debería traer consigo un cambio de estrategia que permita proteger a la población, pues la migración forzada no es un fenómeno que vaya a desaparecer.
“La ventaja que hay es que va a entrar un nuevo gobierno estatal en Chiapas y una nueva presidencia a nivel federal (…) actualmente está desarticulado, al menos en esa parte, el Estado mexicano a nivel municipal, estatal y federal”, afirma Javier Oliva.
“Lo mejor que podría pasar es que el nuevo gobierno federal reforzara la frontera y tuviera control, y el gobierno del estado de Chiapas también, que se tomen la responsabilidad de la frontera con seriedad y que protejan a la población. Al final de cuentas, la labor fundamental del Ejército mexicano debe de ser proteger a la población y en este caso es población pobre, sumamente vulnerable”, afirma Raúl Benítez.
“Que el ministro de la Defensa y la nueva presidenta se fijen en la frontera con Guatemala, en que Chiapas está siendo un polvorín que crece y ojalá y lo resuelvan”, acotó.