“Grupo de Amigos del Pueblo de Nicaragua”, lo que piden los nicaragüenses para intentar afrontar la crisis social de su país

A través de una carta, 159 personas de origen nicaragüense solicitaron la ayuda de la comunidad internacional para atender la crisis social y política que vive su país.

Aunque otras 20 personas respaldaron el comunicado, decidieron permanecer en el anonimato por cuestiones de seguridad.

Además de los oriundos de Nicaragua, 20 organizaciones nicaragüenses de derechos humanos incluyeron su firma en el documento, así como nueve de alcance regional e internacional.

Entre las organizaciones participantes estuvieron la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AJEN), la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), por mencionar algunas.

En particular, lo que le pidieron a la comunidad internacional es proponer el establecimiento del “Grupo de Amigos del Pueblo de Nicaragua” para garantizar “una respuesta eficaz, interregional y de alto nivel” a la crisis que se vive en la nación.

Torturas, persecución y deportación forzada, las razones por las que los nicaragüenses piden ayuda

Según se detalla en el texto, la ayuda fue solicitada porque en los últimos años son pocos los países de la región que han sido testigos de la consolidación de gobiernos autoritarios y ataques sistemáticos a los medios independientes como Nicaragua.

Los autores del texto detallaron que un informe publicado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de este año demuestra los crímenes contra la humanidad que se ha habido en su país de origen.

En dicha publicación se especifica que entre las acciones que violan los derechos humanos están asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportación forzada y persecución por motivos políticos.

A la fecha, mientras que 74 personas siguen detenidas arbitrariamente en el Estado gobernador por el presidente Daniel Ortega, según grupos locales de derechos humanos, 317 críticos fueron despojados de su nacionalidad a inicios de este año.

Escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli integran el grupo de personas a quienes les arrebataron la nacionalidad, obligándolos a salir del país por cargos como “traición a la patria”; señalamientos otorgados a quienes no sólo critican las políticas del Gobierno federal, sino a quienes favorecen las sanciones del extranjero e incitan a la intervención de otros países en asuntos internos.

En Nicaragua también se ha restringido drásticamente el espacio cívico, incluso cancelando el estatus legal de más de 350 organizaciones no gubernamentales desde 2018, y se ha intensificado los ataques contra la Iglesia católica, sus sacerdotes y obispos.

El caso más sonado de un religioso nicaragüense que fue acorralado por el gobierno fue el de Rolando Álvarez, quien fue sentenciado arbitrariamente a 26 años de prisión. Su detención se dio luego de que se negar a salir de su país como exiliado.

La carta de ayuda a Nicaragua fue enviada a miembros de la CELAC

La carta de los 159 firmantes iba dirigida particularmente a los países que participaron en la última Cumbre de la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde los presidentes y representantes políticos de países como México, Chile, Argentina, Colombia y Cuba, entre otros, se encontraron en Bruselas para hablar de las urgencias que ocupan a la región.

Asimismo, en la Cumbre participaron miembros de la Unión Europea, como Pedro Sánchez, de España, para validar y respaldar a los países latinoamericanos.

Durante su encuentro, aunque los presidentes no entablaron un diálogo detallado sobre la crisis nicaragüense, los representantes de ese país mantuvieron una interacción distante con el resto de la comunidad internacional.

Para la votación en favor de que haya una condena contra Rusia por invadir Ucrania y que exista un cese de hostilidades, Nicaragua votó en contra, mientras que países socios del gobierno de Daniel Ortega, como Bolivia, Cuba y El Salvador se abstuvieron.

A pesar de que durante la Cumbre de la CELAC los participantes no se adentraron a la violación de derechos humanos en Nicaragua, en diversas situaciones la comunidad internacional ha propuesto enviar a representantes para analizar la situación, lo cual ha sido negado por las autoridades.

En la carta firmada por la ciudadanía nicaragüense se detalla que en su país no se ha permitido el ingreso de observadores internacionales desde que el gobierno orteguista expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a finales de 2018.

Hace cinco años fue que la crisis social y política se endureció en Nicaragua, luego de que una gran parte de la población, incluyendo religiosos, se manifestaran en contra del camino que estaba tomando su Estado.

Las protestas pusieron en alerta a potencias mundiales como a Estados Unidos, a países de la región y a organizaciones internacionales, para que la situación en Nicaragua estuviera vigilada a toda costa, poniendo en duda la democracia y seguridad del territorio.