Gobiernos de Latinoamérica se pronuncian en contra del despojo de nacionalidad de nicaragüenses

El presidente de Chile, Gabriel Boric, salió a manifestarse en favor de los más de 90 ciudadanos nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad por “traición a la patria”.

A través de su cuenta de Twitter, el político de 36 años le envió un “abrazo fraterno” a figuras como Gioconda Belli y Sergio Ramírez, escritores que destacan de entre los nicaragüenses perjudicados, y dejó en claro que siguen siendo oriundos de Nicaragua de corazón.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, dijo Boric en referencia a su homólogo Daniel Ortega.

El jefe de Estado chileno fue uno de los primeros presidentes de la región en opinar sobre las últimas medidas del gobierno orteguista, provocando que fuera bien recibido por los despojados de su nacionalidad.

El literato Sergio Ramírez le agradeció por “encarnar la dignidad y la entereza”, y al mismo tiempo por no callar sobre la situación que enfrenta Nicaragua como así lo han hecho otros mandatarios.

Por parte del Gobierno de México no ha habido respuesta alguna, así como tampoco de Argentina, Brasil, Honduras y Cuba, por mencionar algunos. Sólo Ecuador y Colombia se unieron a la postura de Chile en solidaridad con los perjudicados y en contra de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses.

“Estamos viendo grandes silencios, por ejemplo, del Gobierno mexicano, que si bien es cierto no está avalando de facto lo que está realizando Ortega, sí está callando y con ello de alguna manera está generando impunidad, mientras que sí ha opinado sobre diferentes situaciones en otras partes del mundo”, asegura en entrevista el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Como menciona el especialista, a diferencia del caso en Nicaragua, el actual Gobierno mexicano sí ha emitido una opinión sobre la situación en otros países, como de la crisis social y política en Perú, asegurando que se trata de una administración “espuria”.

El presidente mexicano también ha defendido a Cuba del intervencionismo y bloqueo estadounidense, al cual llegó llamar “injusto e inhumano”.

Ante el silencio que han mantenido algunos gobiernos latinoamericanos sobre el caso en Nicaragua, los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las América (IDEA) emitieron un comunicado manifestando su preocupación, haciendo más visible la postura de México.

Para el doctor Muñoz Bravo, mientras que sí se podría esperar una respuesta en el corto plazo de gobiernos como el de Brasil por su izquierdismo progresista, de Cuba y Venezuela todo lo contrario al ser administraciones cuestionadas por su falta de democracia, la constante violencia a los derechos humanos y los golpes a la oposición.

“Sería muy importante que Brasil se manifestara en contra de este tipo de totalitarismo o neototalitarismos que simple y llanamente privilegia a Ortega y a su familia para que se perpetúen en el poder”, dice el académico.

Por otra parte, se esperaría una declaración conjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), mas sólo ha existido un posicionamiento de la primera asociación.

Vía redes sociales, Luis Almagro, secretario general de la OEA, reafirmó que quitar la nacionalidad a una persona por sus opiniones es contrario a todo derecho y “es otra forma de tortura ejercida por la dictadura en Nicaragua”.

Se consolida la autoridad de Ortega

Con la última medida del gobierno de Nicaragua de despojar a más de 90 ciudadanos de su nacionalidad, el mandato del presidente Daniel Ortega recobró mayor fuerza.

Antes de dar a conocer la situación de figuras como el escritor Sergio Ramírez, 222 activistas, periodistas y políticos habían sido despojados de su nacionalidad, no sin antes abandonar su país con destino a Estados Unidos.

Esas figuras estaban presas por “traición a la patria” por el sólo hecho de manifestar su inconformismo con el actual gobierno, e incluso tratar de competir con él en las pasadas elecciones generales.

El gobierno de Daniel Ortega puede despojar de su nacionalidad a cualquier nicaragüense gracias a la aprobación exprés de la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos de Pueblo, con la cual se castigan a todos aquellos que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, e inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos.

También pueden recibir una represalia quienes pidan intervenciones militares, organicen con financiamiento de potencias extranjeras actos de terrorismo y desestabilización, propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país de sus instituciones, y aplaudan las sanciones contra el Estado de Nicaragua.

“El despojo de la nacionalidad es un paso más de lo que significa el tener un gobierno que ha traicionado su propia esencia”, opina el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, recordando que Ortega salvó a su pueblo de la dictadura de Anastasio Somoza con ayuda de un movimiento social.

Desde su perspectiva, el presidente trata de consolidarse frente a la escasa oposición que hay en su país, e incluso contra aquellos aliados que lo apoyaron en su momento para poder ejercer el poder.

“La situación en Nicaragua también nos habla de la complicidad que hay entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ya que todos están liderados por el propio Ortega (…) No hay división de poderes y es por eso que se pudo consolidar la expulsión de estos opositores y el retiro de su nacionalidad”, subraya el docente.