El presidente Daniel Ortega ordenó el viernes la expulsión de Nicaragua de un equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas dos días después de que publicara un informe en el que culpó al gobierno de la violenta represión de las protestas opositoras.
Un funcionario de derechos humanos de Estados Unidos que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre la situación dijo que el gobierno le pidió al grupo que abandone el país. El funcionario agregó que el Consejo de Seguridad de la ONU discutirá la situación en Nicaragua el 5 de septiembre.
El informe publicado el miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describió la represión que se extendió desde las calles hasta los tribunales, donde algunos manifestantes enfrentan acusaciones de terrorismo.
El gobierno respondió que el informe era parcial y no consideró que las protestas se dieron en el marco de un intento de golpe de Estado.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
El gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al Ejecutivo.
Además señaló que la misión del organismo no fue invitada a hacer una observación con fines de verificar el estado de los derechos humanos, por lo tanto el contenido del informe era el resultado de un trabajo que se había extralimitado en sus alcances.
El Ejecutivo nicaragüense ha negado los excesos en el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.
A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El mandatario retiró los cambios pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas para despejar barricadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.
El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocarlo y dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.
Las detenciones arbitrarias se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan dónde están retenidos.
