Expresidente de Perú, Alberto Fujimori, vuelve a juicios por esterilizaciones forzadas
Por llevar a cabo esterilizaciones forzadas a mujeres peruanas de escasos recursos, el exmandatario enfrenta otro cuestionamiento judicial del cual se espera no sólo una nueva condena sino una disculpa y compensación económica a las víctimas
Fernanda MuñozA 16 años de haber sido encarcelado, Alberto Fujimori, expresidente de Perú, se enfrentó a otro juicio en su contra.
A través de una videoconferencia, el descendiente japonés escuchó los señalamientos que siguen contra su mandato por impulsar un programa estatal de control de natalidad.
A través de esa medida, se llevaban a mujeres peruanas, en su mayoría indígenas y de escasos recursos, a quirófanos para ser esterilizadas en muchos casos sin su autorización. Con esto, la administración tenía el objetivo de reducir las tasas de natalidad en sectores pobres.
De acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en la década de los 90 más de 217 mil peruanas fueron esterilizadas sin garantizar sus derechos humanos. Hasta lo que se sabe, 18 mujeres murieron a consecuencia de tales intervenciones
Esperamos que la Corte Suprema de Chile extradite a Alberto Fujimori para que pueda ser juzgado como autor mediato de las miles de #esterilizacionesforzadas realizadas sin un consentimiento legítimo, sobre todo a mujeres indígenas y descendientes de pueblos originarios. pic.twitter.com/VnZLd92HP4
— GREF-Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (@GREF_Peru) May 12, 2023
Durante el juicio, el cual se emitió a solicitud de la Corte Suprema de Chile por ser el país que autorizó la extradición de Fujimori a Perú, el expresidente argumentó que las acusaciones a su gobierno eran totalmente falsas.
Los argumentos del peruano
El derechista argumentó que su plan, además de combatir la pobreza, buscaba abordar la alta tasa de mortalidad materna, particularmente en algunas regiones como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y, a su vez, las muertes infantiles, pues 85 por cada mil morían.
“Es totalmente falsa la imputación porque lo que hizo mi gobierno fue ofrecer a la población, en particular a las mujeres, todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales sin excepción, sin preferencia por uno u otro y a la libre elección de cada una de las interesadas”, aseguró el exmandatario.
Asuntos como los derechos humanos aún forman parte del expediente judicial que pesa sobre el expresidente Alberto Fujimori, quien reapareció para comparecer sobre presuntas irregularidades denunciadas, a consecuencia de la política de salud reproductiva que aplicó su gobierno.… pic.twitter.com/qrCM8pT7GT
— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 20, 2023
Óscar Abad, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y docente de la Universidad Anáhuac, opina que el nuevo juicio contra Fujimori sin duda va a manchar su imagen de quien “ya de por sí era una referencia política bastante turbia” en su país y en toda América Latina.
Desde su punto de vista, el programa estatal de control de natalidad fue un plan “completamente violento” contra la población más vulnerable que son las mujeres indígenas, quienes además no contaban con una información plena de lo que ocurría.
“Desafortunadamente siempre se van contra los más desfavorecidos, en este caso contra las mujeres, y si a eso le sumamos la cuestión indígena, se convierte en algo más delicado y al mismo tiempo atroz por parte del gobierno”, dice el también académico.
Aunque las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo a finales del siglo pasado, el caso no entró a investigación judicial sino hasta 2021. Para ese momento ya se tenían cientos de historias de mujeres que alzaron la voz contra el programa de Fujimori.
Organizaciones como Amnistía Internacional respaldaron a las mujeres involucradas con las esterilizaciones forzadas.
Cuando se dio a conocer que iniciaría un juicio contra el expresidente, la ONG dio a conocer que en caso de que las víctimas hubieran sido informadas de los tratamientos quirúrgicos, como así lo argumentó el detenido, fueron amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o el retiro de ayuda alimenticia si no se sometían el procedimiento.
Lo mínimo esperado
A más de 20 años de los sucesos, las víctimas y sus familiares siguen en espera de que el expresidente reciba una condena en prisión por el impulso de su programa.
A pesar de que aún no se habla de qué tipo de condena recibirá el exjefe de Estado, o si en dado caso tendrá una sanción, se esperaría al menos una disculpa de su parte y de quienes formaron su administración.
En entrevista, Óscar Abad, maestro en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de España, considera que debido a su estado de salud actual y a la edad de Fujimori (84 años), es difícil saber si recibirá otra sanción dentro de prisión.
“Hay que tomar en consideración que Fujimoru está ya en una edad bastante avanzada y, si además le agregamos su condición de salud, tal vez ni siquiera pueda cumplir con su pena actual.
“Sin embargo, cuando menos se espera recibir una disculpa en los más altos niveles por parte de los involucrados (por las esterilizaciones forzadas) y ver si en todo caso se podría tener cabida a una compensación económica a las víctimas; algo que también sería lo mínimo para la óptica mundial”, dice Abad.
Asuntos como los derechos humanos aún forman parte del expediente judicial que pesa sobre el expresidente Alberto Fujimori, quien reapareció para comparecer sobre presuntas irregularidades denunciadas, a consecuencia de la política de salud reproductiva que aplicó su gobierno.… pic.twitter.com/qrCM8pT7GT
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No se espera que el expresidente emita una disculpa pública por su programa estatal de control de nataliadad, a menos de que los jueces que estudian su caso concluyan que es culpable por violar los derechos humanos de las mujeres que fueror intervenidas y que incluso fallecieron luego de la esterilización.
Actualmente, Fujimori enfrenta una condena en prisión por un caso de corrupción y por estar detrás de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde 24 personas perdieron la vida, entre ellos un niño. Ambas masacres fueron supuestamente cometidas por un escuadrón especial de oficiales militares y de inteligencia conocido como el Grupo Colina, creado con la autorización de oficiales de alto rango.