Por varias razones. Como mínimo, es problemático que alguien que vive fuera de la ley pueda ejercer el Derecho.
Para ello es necesario jurar respetar y defender “las leyes de los Estados Unidos”, cuando ya las han violado.
Comprendí la razón más persuasiva por la que Brown no debe firmar la ley mientras escuchaba a un locutor radial conservador que explicaba que, a pesar de oponerse a brindar a los inmigrantes ilegales una “amnistía”, él podría hacer una excepción en el caso de Sergio García.
García, que completó la escuela de Derecho y pasó el examen de licenciatura en el primer intento, está pidiendo ser admitido al Colegio de Abogados de California.
Hace unas semanas, la Corte Suprema de California sostuvo una audiencia para decidir si García cumple con los requisitos para obtener la licencia de abogado en California.
El gobierno se opone al pedido de García, afirmando que es debido a que el Congreso aprobó una ley en 1996, que prohíbe a los estados brindar a los inmigrantes ilegales beneficios públicos, entre ellos licencias profesionales.
Pero los jueces dijeron también que, si la Legislatura del estado quería aprobar una ley para otorgar licencias a los indocumentados, los legisladores podían hacerlo.
García está acostumbrado a esperar. Este hombre de 36 años vino a Estados Unidos de México, con su familia, cuando tenía 17 meses de edad, después volvió a México con su madre cuando tenía 9 años, para reingresar en el país a los 17.
Más tarde solicitó la ciudadanía con la ayuda de su padre, quien para entonces era ciudadano estadounidense.
Eso fue en 1994, y García sigue esperando aún la decisión del gobierno federal. Pero el joven ha utilizado su tiempo en forma provechosa. Fue a la universidad y a la escuela de Derecho, donde pagó su matrícula trabajando en un almacén.
Es una historia notable. Eso no se discute. De hecho, en este momento, probablemente te preguntas no cómo hacer para deshacernos de alguien como García, sino cómo podemos echar mano de otros 100 mil inmigrantes como él.
La historia de García, sin duda, impactó al locutor radial.
El locutor sostuvo que García era precisamente el tipo de inmigrante ilegal al que debería permitírsele seguir una profesión, porque era ambicioso y se había aplicado. El joven trató de llegar a algo en la vida, dijo.
¿Es así? ¿Y qué de los millones de individuos que se aplican para subsistir en trabajos de baja remuneración y, al hacerlo, facilitan enormemente la vida de los nativos?
En el debate de la inmigración, el elitismo está vivo y fuerte. Y la ley que permitiría que García practicara el Derecho lo prueba.
Habitualmente, me encuentro con inmigrantes ilegales que tienen tres trabajos para mantener a sus familias. Claro que son ambiciosos.
Su principal ambición es sobrevivir, y una persona que trabaja tan arduamente, con todo en contra, para cumplir con sus responsabilidades merece tanto respeto como el que va a la escuela de Derecho y pasa el examen de licenciatura.
Mientras debatimos qué hacer con los indocumentados, los estadounidenses parecemos siempre querer ayudar a aquellos con los que podemos identificarnos más fácilmente, no con los que merecen más nuestra ayuda.
Una excepción especial para los inmigrantes ilegales que quieren ser abogados no sólo no es viable. Tampoco es democrática.
(c) 2013, The Washington Post Writers Group
