El gobierno de Perú está detrás de Evo Morales, expresidente de Bolivia, por su intervención en la política interna del país.
Dina Boluarte, jefa de Estado de Perú desde el pasado 7 de diciembre, declaró que estaba en conversaciones para analizar la situación de ingreso de Morales a su nación, “pues ningún expresidente, ningún líder de un país, tiene por qué intervenir en temas internos” de otro Estado.
“Si el señor Evo Morales quiere seguir siendo líder allá en Bolivia, pues en Bolivia tiene que ejercer ese papel de líder social y líder político”, agregó Boluarte ante la prensa nacional.
Será la Superintendencia Nacional de Migraciones la que estudiará el caso de Evo Morales, quien desde que Pedro Castillo asumió la presidencia en julio de 2021, respaldó su figura por ser un líder sindical y de ideología izquierdista.
Respecto a las intervenciones hechas por Morales a las que se refiere la presidenta, el político boliviano empezó a dar opiniones respecto a la situación social y política de Perú después de que Castillo fuera destituido de su cargo.
En primera instancia, expuso su preocupación por la crisis política que afectaba al país; después, declaró que la situación fue provocada por “la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo delito imperdonable fue representar a los más pobres”.
Nuestra profunda preocupación por la crisis política que afecta a la hermana República del Perú. Pedimos que se respete la seguridad, el derecho a la vida y convivencia pacífica y democrática. Que se respete ante todo la Constitución y los más altos intereses del pueblo peruano.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 7, 2022
“El discurso de odio y las amenazas de escarmiento de la derecha peruana y sus medios de comunicación en contra del hermano Pedro Castillo ponen en riesgo la integridad de él y su familia. Que la CIDH active las medidas cautelares para preservar su vida”, compartió Morales el pasado 8 de diciembre.
El mismo mes, el expresidente lamentó que las autoridades peruanas siguieran los pasos del gobierno presidido por Jeanine Áñez, quien lideró Bolivia sin elecciones previas luego de que Evo salió del país por las exigencias de movimientos sociales que se negaron a su nuevo mandato.
Por otro lado, además de la presidenta Boluarte, diferentes congresistas desaprobaron la presencia de Morales en el sur de Perú para promover su proyecto geopolítico Runasur, a través del cual propone resolver la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales y movimientos sociales de la región.
Sin impedimentos para Evo Morales
Desde la perspectiva de la doctora Claudia Edith Serrano Solares, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, más allá de que se declare el no ingreso de Evo Morales a Perú, eso no le va a impedir que siga denunciando aquello que considera está violando parte de los derechos de los grupos originarios.
“Más allá de que se le declare el no ingreso, eso no va a impedir que Evo Morales, a través de confederaciones obreras, sindicales o mineras que están participando dentro de la Runasur, pare de seguir denunciando aquello que considera está violando parte de sus derechos, como la cuestión de que no hubo elecciones para poder elegir cuándo iba a ser la sucesión presidencial (en Perú)”, dice la doctora.
Además de Evo Morales y del gobierno boliviano, otras administraciones de la región manifestaron su respaldo a la estabilidad de Perú y su preocupación por la detención de Castillo.
El pasado 12 de diciembre, México, Colombia, Argentina y Bolivia publicaron un comunicado en conjunto en el que pidieron priorizar la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas en 2021 cuando se eligió a Castillo como jefe de Estado; un informe que fue rechazado por el gobierno de Perú.
Embajador Pablo Monroy: un caso similar
Antes de que la presidenta peruana, Dina Boluarte, declarara que se analizaría el ingreso de Evo Morales a su país por intervenir en asuntos internos, su administración ya había protagonizado un hecho similar en el pasado.
En diciembre, la canciller Ana Cecilia Gervasi declaró persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por “las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país que constituyen injerencia” en sus asuntos internos y “son violatorias del principio de no intervención”.
Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard reaccionó en rechazo a la medida “infundada y reprobable” de la administración peruana, y advirtió que el gobierno “no variará su posición”.
Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición.
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022
Para la doctora Serrano Solares, más allá de que el gobierno de Boluarte se vea perjudicado por los señalamientos a ciertas figuras políticas de la región, hay una urgencia de su parte por tratar de generar una consolidación interna.
“El hecho de que existan este tipo de declaraciones (de personas non gratas) hace que se esté visibilizando que no hay una homogeneidad entre el consenso nacional que permita de alguna manera solidificar su nuevo gobierno (…) Refleja que algo está pasando en Perú”, menciona la también docente.
