— Venezuela
No pasó ni media hora y las redes sociales ya lo sabían. El País se equivocó, se leía en miles de tuits. En cuestión de minutos la noticia de que el diario había publicado una foto falsa del presidente venezolano desató la polémica.
Pero la foto no provocó el escándalo que el reconocido medio español hubiera querido. La foto de Chávez entubado en un quirófano no era más que una toma de un video de Youtube publicado en 2008 bajo el título de “Intubación de Acromegalia AMVAD”.
Casi de inmediato, los editores del diario reaccionaron y publicaron una nota en línea, aceptando su error. “EL PAÍS retiró esta madrugada de su página web una foto que mostraba a un hombre entubado en una cama de hospital (…) afirmando que se trataba de Hugo Chávez”, decía el artículo titulado “EL PAÍS retira una falsa foto de Hugo Chávez”.
Pero la explicación no se quedó en Internet. El País paralizó la distribución de su versión impresa por la falsa foto atribuida por la agencia informativa Gtres Online y procedió a enviar una nueva edición a los puntos de venta.
Las confesiones
Al día siguiente, un periodista italiano confesó que era él quien había tomado la foto y que se la había vendido a tres agencias latinoamericas de noticias.
Tommasso Debenedetti dijo que su intención es denunciar la falta de controles en la información en Internet.
Curiosamente, un día antes de que el diario publicara la fotografía, el director del periódico español, El Mundo (competencia directa de El País) dijo que a ellos también les habían ofrecido la foto. Le pedían 30 mil euros, pero la rechazó, dijo vía Twitter.
— Bolivia
Un video captado por una cámara de seguridad de la Sala de Sesiones del Congreso de Chiquisaca en Bolivia levantó una seria polémica.
Y es que en las imágenes se aprecia a varios diputados –aparentemente en estado de ebriedad– junto a una mujer desmayada.
Pero eso no es lo escandaloso del asunto. Esa misma mujer, una empleada de limpieza, es abusada sexualmente por uno de los funcionarios.
Se trata de Domingo Alcibia, legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales.
La grabación muestra cómo los asambleístas acusados, acomodan en una silla a la mujer, quien se encontraba inconsciente.
Cuando Humana sale de la sala, Alcibia presuntamente procede a abusar de la empleada, sin que muestre ninguna señal de conciencia durante los seis minutos que dura la agresión.
La respuesta de Evo y del acusado
El video de la presunta violación fue entregado por la oposición a los medios locales el martes 15 de enero y el escándalo detonó.
Dos días después en conferencia de prensa, el presidente Evo Morales pidió a los implicados renunciar, o pedir licencia hasta que el caso quede esclarecido.
Apuró al Congreso a aprobar un proyecto de ley para castigar la violencia contra las mujeres y pidió a la oposición no generalizar como violadores a todos los integrantes de MAS.
Ese mismo día Alcibia y Humana fueron expulsados del partido. El viernes de esa semana los dos implicados pidieron licencia.
— Perú
La justicia militar en Perú será impartida por un antiguo militar acusado de ser un “corrupto” y estar ligado al oscuro gobierno de Alberto Fujimori.
El retirado general Hugo Pow Sang, quien enfrenta dos juicios por actos de corrupción”, ha sido designado presidente del Consejo Supremo de Justicia del Ejército.
El nombramiento de Pow Sang ha provocado polémica y sorpresa por los procesos judiciales que se le siguen en su contra, además de la relación que existe con el mandato del encarcelado presidente Fujimori.
Los cargos que se le imputan son haber procesado indebidamente a un general y legitimar una compra fraudulenta de equipos para el Ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional.
Además, se le vincula con los altos oficiales que firmaron en 1999 la polémica Acta de Sujeción que respaldó el denominado “autogolpe” de Fujimori en 1992, cuando el entonces mandatario disolvió el Congreso en 1992.
Corrupción militar
El Acta de Sujeción es uno de los escándalos políticos más grandes en Perú, pues sacó a la luz la extensa red de corrupción y complicidad que existía en las Fuerzas Armadas.
Con el documento, generales y almirantes pretendían también “lavarse las manos” de las masacres ocurridas en diciembre de 1991.
Gloria Cano, activista y abogada especializada en derechos humanos, dijo que es preocupante la designación de Pow Sang, la que consideró una “total equivocación”. El jubilado militar viene a sustituir al contraalmirante Carlos Mesa en la presidencia del Consejo Supremo judicial del Ejército.
