En Israel, ministros plantean ocupar Gaza al final de la guerra

Más de un año de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás ha impactado a los territorios palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania y llevado al límite al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ahora, las tensiones al interior de una administración de extrema derecha impulsan a las facciones más radicales del gabinete a expandir los asentamientos ilegales, aún a costa de la seguridad.

En múltiples ocasiones, el ministro de finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha llamado a expandir la ocupación ilegal de los territorios palestinos y usado el poder de su oficina para asegurar fondos para lograrlo. En el último de estos llamados, el funcionario convocó a reducir a la mitad la población de la franja de Gaza en un periodo de dos años al “exhortar la migración voluntaria”.

“Es posible crear una situación donde la población de Gaza sea reducida a la mitad en los próximos dos años […] Ocupar Gaza no es una mala palabra”, aseguró el ministro en una conferencia organizada por asentamientos israelíes en Cisjordania. Para él, la única forma de asegurar el fin de la influencia de Hamás en Gaza es la administración del territorio por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Si bien Smotrich y la facción más radical del gobierno pugnan para que las FDI lideren a los palestinos en la franja, el primer ministro Netanyahu ha asegurado que Israel no planea una ocupación del territorio; sin embargo, su falta de planes para el fin del conflicto y el descarte de la Autoridad Nacional Palestina como fuerza política en Gaza ha incitado a miembros de su partido a apoyar la ocupación.

En opinión del doctor Milton Muñoz Bravo, profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, las posturas belicistas de la administración de Netanyahu impiden encontrar otras soluciones al gobierno de Gaza.

“Por desgracia no hay opciones por la postura de Netanyahu, quien va a querer controlar con mayor fuerza lo que ocurre en los territorios palestinos. Si estuvieran en una negociación de paridad, los palestinos podrían ejercer su derecho a la soberanía y evitar que permanecieran efectivos israelíes en Gaza y Cisjordania; sin embargo, la asimetría de poder impide que eso suceda”, asegura el académico.

Mientras que el gobierno israelí cede espacios a las voces más radicales, oficiales de Seguridad y de Hacienda israelíes moderados aseguran que una ocupación como la que plantea Smotrich sería demasiado costosa para la economía del país; el ministro de finanzas clama que mil 370 millones de dólares serían suficientes para su plan en Gaza.

El papel de las FDI en la ocupación israeí

Las tensiones han aumentado entre las FDI y los colonos israelíes que residen en comunidades donde la población palestina resiste la ocupación.

El pasado sábado, por ejemplo, colonos del asentamiento de Itamar, en Cisjordania, atacaron a soldados de las FDI cuando recuperaban un auto de propiedad palestina que los israelíes habían robado; el incidente se dio un día después de que en la ciudad de Hebrón extremistas atacaran al jefe del Comando Central en los territorios ocupados, el general Avi Bluth, en un evento religioso el cual protegía.

Si bien la relación entre los colonos y la milicia israelí tradicionalmente ha sido cercana, la misión dual de protección a los asentamientos y a los civiles palestinos de las FDI en los territorios ocupados las pone en curso de colisión con las facciones más extremistas quienes no reconocen su autoridad en la región; cinco de ellos fueron detenidos tras tirar piedras al general, a quien llamaron “traidor” debido al reconocimiento de sus fallas al proteger a civiles palestinos en la región.

Pese al reconocimiento de las fallas del general, el doctor Muñoz Bravo señala que la milicia israelí está supeditada no solo a las obligaciones de protección sino también a las políticas dictadas por el Estado al que sirve.

“A pesar de que existan normas para regular la labor de las FDI, estas fuerzas son utilizadas como el brazo ejecutorio de una política de invasión que, me parece, se configura como un genocidio contra la población palestina. Por otra parte, al ser parte de un Estado-Nación están sujetas a proteger los intereses de Israel; sin embargo, por su propia formación, las Fuerzas Armadas tienen como dirigentes a Halcones que favorecen políticas radicales”, señala el profesor.

Palestinos sin igualdad de derechos

Aunque tanto el primer ministro como el recién nombrado ministro de defensa, Israel Katz, han condenado la violencia contra las FDI y hecho llamados al liderazgo de los asentamientos a condenar los hechos, dirigentes del movimiento que busca la anexión de Cisjordania aseguran que sus medios son pacíficos y exhortan a la justicia israelí a tomar acciones contra los violentadores.

De acuerdo con el doctor Muñoz Bravo, las posibilidades de que se haga justicia contra las acciones de los colonos israelíes es casi inexistente.

“(Los palestinos) pueden acceder a la impartición de justicia israelí; sin embargo, los fallos suelen ser a favor de los propios colonos y las autoridades palestinas difícilmente pueden ayudarlos. Finalmente, aunque sí hay un marco internacional al que se ha recurrido en el pasado como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, en la práctica no hay posibilidad de que los tribunales internacionales puedan cumplir con esos fallos” apunta el especialista.

Pese a las palabras de los dirigentes israelíes, el doble rasero de la legislación continúa marcando diferencias entre los derechos de colonos y palestinos. En contraposición con las políticas de su antecesor, Yoav Gallant, el actual ministro de defensa, puso fin a las detenciones administrativas contra colonos israelíes acusados de actos de violencia; sin embargo la medida continuará en uso contra palestinos sospechosos de cometer o planear actos terroristas.

Si bien la derecha israelí felicitó a Katz por terminar con una política controversial, que permite al gobierno detener sin un juicio a personas sospechosas hasta por periodos de seis meses y con extensiones ilimitadas, la oposición denunció que no aplicar esta medida para judios sin revisar su aplicación para los más de tres mil 400 palestinos detenidos por esta política es una aprobación para el “terrorismo judio”.