Después de las numerosas muertes reportadas en la India, la Corte Suprema de ese país determinó que el gobierno del primer ministro Narendra Modi deberá compensar a las familiares que sufrieron alguna muerte por COVID-19.
Y es que de acuerdo con las autoridades judiciales de aquel país, el gobierno de Modi además estará obligado por ley a compensar a las familias pues se trató de uno de los peores brotes de COVID-19.
Por esta razón es que la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres tiene ahora seis semanas para decidir las pautas para los pagos a los familiares más cercanos.
De hecho, este veredicto se produce después que miles de cuerpos amortajados de víctimas de la COVID-19 resurgieron de las aguas del Ganges.
Habían sido enterrados en las orillas de este río sagrado en la India, pero las inundaciones monzónicas los han devuelto a la superficie. La mayoría fallecieron durante los pasados meses de abril y mayo, los más duros de la pandemia en este país.
“Los cuerpos han acabado en el río y están flotando en el agua”, explicó un vecino de la zona.
“Las autoridades locales están organizando las incineraciones, como se puede ver en la madera apilada. Pero como el nivel del río está subiendo, muchos cuerpos acabarán en el agua y existe la posibilidad de que el río se contamine”, agregó.
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Ante ello, un panel encabezado por el juez Ashok Bhushan rechazó este miércoles la posición del Gobierno de que la compensación monetaria es opcional según las leyes de gestión de desastres y remarcó que “la autoridad nacional no ha cumplido con su deber legal”.
El veredicto se suma a las crecientes críticas al manejo de Modi de la pandemia, con el número de muertos en India en camino de superar los 400 mil esta semana.
La compensación también corre el riesgo de presionar las finanzas públicas, que ya están empeorando, ya que el aumento de las infecciones obligó a los estados a bloquear y perjudicó la demanda.
Finalmente, el tribunal dijo que el organismo de gestión de desastres decidirá la cantidad de dinero después de considerar las prioridades del Gobierno, dadas las condiciones fiscales y económicas provocadas por la pandemia.
