Elección Judicial en Bolivia: Evo Morales y Luis Arce disputan el control de las cortes

Por tercera vez en la historia de Bolivia, el Órgano Judicial será renovado a través del voto popular y tanto Luis Arce, actual presidente, como Evo Morales, líder izquierdista, buscan el control del Tribunal Constitucional Plurinacional mientras los bolivianos eligen a las autoridades judiciales como ningún otro país del mundo.

Ocho horas de votaciones obligatorias e ininterrumpidas se dieron el domingo pasado cuando, tras un año de retrasos, Bolivia eligió a 38 autoridades, entre magistrados y suplentes, de las cuatro instancias de su Órgano Judicial y con ello renovó parcialmente las cortes más importantes del país.

Sin embargo, pese a las intenciones de que el voto popular fuese el factor que legitime a la judicatura, la selección de jueces por parte de un Congreso parcial y la suspensión del proceso para el Tribunal Constitucional Plurinacional en cinco departamentos y para el Tribunal Supremo de Justicia en otros dos, resta fuerza al argumento legitimador con el que Evo Morales reformó el Órgano Judicial en 2009.

Más allá de las trabas políticas o legales que tuviera el proceso antes de los comicios, la participación electoral suele ser más baja que para elegir a las otras ramas del gobierno boliviano. En esta ocasión, se estima que solo 70 por ciento de los 7.3 millones de ciudadanos obligados a votar en las elecciones judiciales lo hicieron; en los dos pasados ejercicios el voto nulo y en blanco rondó el 50 por ciento.

Con la confianza en el sistema judicial erosionada por años de pugnas políticas y un proceso electoral en el cual poco se conoce de los candidatos, por ley los aspirantes a un puesto en la judicatura no pueden realizar promoción de su imagen más que por los medios institucionales, Bolivia no está más cerca de la plena confianza judicial que lo que estaba antes de las reformas.

Bolivia, sin límites a la corrupción

De acuerdo con el World Justice Project, el país andino se ubica en el lugar 29 de 32 Estados latinoamericanos analizados en su escala de Estado de Derecho debido a los pocos límites al poder gubernamental y a la corrupción en el sistema político del país.

De acuerdo con el Instituto para la Paz de Estados Unidos, la experiencia judicial de Bolivia está marcada por un aumento en la politización y en el escepticismo, ya que la elección de jueces por voto popular expone a los magistrados a presiones políticas y criminales que debilitan su imparcialidad.

En opinión de la doctora Silvia Soriano, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, las críticas al sistema judicial boliviano están sacadas de contexto, pues si bien existe un alto nivel de abstencionismo, los procesos electorales suelen llevar tiempo en consolidarse.

“Cuando se habla del Poder Judicial, el problema es el mismo en todos lados: la corrupción y la falta de justicia que se da en la gran mayoría de los países del mundo. Muchos de los cuestionamientos se dan por la falta de participación, y recordemos que el razonamiento de Bolivia para establecer este mecanismo era la existencia de un poder que no impartía justicia; entonces, en el contexto de la creación de una nueva Constitución, es que se da el voto popular”, anota la especialista en la región.

Para la académica, aunque el problema no está en una falta de Estado de Derecho sino en la poca independencia de los juzgadores, esto no es atribuible al mecanismo por el cual son nombrados los jueces sino por la falta de ética de las personas que llegan a la posición no solo en Bolivia sino en todo el mundo.

Una lucha entre Luis Arce y Evo Morales

La influencia política en las decisiones de la Corte ha sido un reclamo constante por parte de la oposición boliviana desde las primeras elecciones en 2011. Antes de llegar a una boleta electoral, los jueces son aprobados por el Legislativo boliviano y, con un amplia mayoría por parte del partido oficialista, Movimiento al Socialismo (MAS), el Órgano Judicial lo habían conformado jueces que favorecen las decisiones del gobierno.

Sin embargo, la escisión del partido oficialista entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales ha expuesto las fallas en el sistema que las elecciones no pueden corregir.

Con periodos de seis años para los cargos judiciales, la elección se debió haber llevado a cabo en 2023, pero la pelea por el control del Partido y por la presidencia del próximo año llevaron al Tribunal Constitucional Pluricultural, con lealtades hacia Arce, ha aplazar las elecciones para evitar que los legisladores de la facción de Evo Morales ocupara espacios en las cortes.

La reacción de ambos políticos da muestra de las fallas del sistema y los abusos a los que está expuesto. Mientras que en las casillas el presidente elogió las elecciones judiciales como un pilar de la democracia, el exmandatario tildó de “inconstitucional” un proceso que él mismo impulsó.

“Bolivia tuvo un gran acierto con esta nueva Constitución y Evo Morales también tuvo una buena actuación en sus primeros años como presidente, pero un pecado de muchos gobernantes es no dejar el poder […]

“Como Morales se aferra al poder, eso se convierte en un escenario que desestabiliza políticamente al país, todo el apoyo que tiene en las calles da pauta a los opositores, que antes eran aliados de Arce y Morales, a incidir en un electorado que no tiene muy claro cuáles son las propuestas de cada uno. Lejos de beneficiar a Bolivia en general y a los procesos democráticos en particular, la actitud de Evo Morales perjudica al país […] esta pugna entre estos dos personajes evitan que avancen procesos democráticos en Bolivia que han sido bastante difíciles de consolidar”, señala la doctora Soriano.

La académica resalta que más allá del voto popular, el Estado de Derecho prevalece en Bolivia, y si bien las mayorías obtenidas por MAS posibilitaron las reformas del voto popular, el verdadero fruto de este proceso se observará si se integra al Órgano Judicial personas con solidez ética y jurídica a lo largo del tiempo.