Grandes actos de gobierno han caracterizado la presidencia de Javier Milei en Argentina, a menos de un mes de haber tomado posesión el mandatario ha devaluado la moneda más del 50 por ciento, ha desregularizado la economía a golpe de decretos y, el pasado 27 de diciembre, envió al Congreso Nacional la propuesta de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como “Ómnibus”, que en sus más de 180 páginas presenta 664 modificaciones para leyes vigentes Argentinas.
Para entender mejor el contexto de lo que sucede en Sudamérica, Reporte Índigo, conversó con José Joel Peña Llanes, Doctor en derecho con especialización en derecho internacional por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y catedrático del Centro de Relaciones Internacionales de la universidad.
El especialista, explica que las reformas de Milei tienen como objetivo liberalizar la economía y reducir el papel del Estado al mínimo en esta materia, como respuesta a la coyuntura del país. Argentina se encuentra en una grave crisis tanto en sus finanzas públicas, según la Bolsa de Comercio de Rosario en 2022 la deuda pública ascendió a 396 mil millones de dólares, como en su economía interna, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos el 40.1 por ciento de los argentinos viven en pobreza.
Las medidas tomadas por Milei han sido duramente criticadas, entre ellas la privatización de empresas públicas, pues, como lo explica el catedrático, “La privatización de empresas traerá beneficios a las y los empresarios que las adquieran, seguramente a precios bastante cómodos, y perjudicará a los trabajadores que están acostumbrados a recibir apoyos sociales, que también se disminuirán al máximo para evitar que el Estado caiga en un gasto excesivo”.
Una declaración de emergencia apegada a la ley
Si bien las propuestas económicas del presidente concuerdan tanto con lo prometido en campaña como con su filosofía personal, Milei se ha descrito como un anarco-capitalista, la controversia de su ley “Ómnibus” recae en la declaración de un estado de emergencia que le otorgaría al ejecutivo facultades extraordinarias en materias dónde solo tiene competencia el legislativo.
“De acuerdo a la Constitución Política de Argentina, en específico el artículo 99 fracción tercera, el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo; sin embargo, en ese mismo apartado se advierte que cuando hay circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites previstos en la constitución, y no se trate de normas en materia tribunal, penal o electoral, el presidente podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. En ese sentido el presidente no está yendo más allá de lo que se le permite en la Constitución”, aclara el Doctor en derecho.
El académico considera que es probable que la mayoría de las disposiciones que propone la ley no sean aprobadas, debido a que es el Congreso Nacional, donde el partido de Milei no cuenta con la mayoría para gobernar sin trabas, quienes discutirán y aprobarán los cambios a la legislación.
“Más allá de los cambios propuestos desde que asumió el poder, que son sustanciales y algunos de ellos muy necesarios para tratar de resolver los problemas estructurales de una Argentina con altos niveles de pobreza, endeudamiento, inflación y desigualdad, la crítica más fuerte se relaciona con la intención del presidente de gobernar por decreto, es decir, menospreciar el papel de los poderes legislativo y judicial”, opina Peña Llanes.
El profesor explica que el retroceso democrático que experimenta Argentina no pasa por una extralimitación de las competencias que la Constitución le otorga al ejecutivo, sino por que al usarlas excluye no sólo al legislativo, que es el órgano deliberativo de la democracia, sino también a importantes sectores de la sociedad civil que se verán afectados por las propuestas de ley.
“El presidente no puede ir más allá de lo que le permite la Constitución, bajo pena de nulidad absoluta, pero insisto que es la misma ley la que establece esta flexibilidad cuando haya circunstancias extraordinarias, aquí el tema es si efectivamente existen estas condiciones que hacen imposible seguir los trámites previstos en la Constitución; ahí es donde entra la duda”, apunta el especialista.
La respuesta ciudadana
Ante los intentos de Milei ya se han presentado manifestaciones en contra de sus propuestas, en especial las que pegan en los bolsillos de los trabajadores y pensionados; sin embargo, se han ejercido medidas represivas para mitigar las manifestaciones en las calles argentinas.
En diciembre pasado fue puesto en marcha un protocolo antibloqueos que pretende que, tanto la Policía Federal como la Gendarmería Nacional, intervengan para evitar que las manifestaciones pongan en peligro el orden público o en caso que se cometa un delito, como la portación de armas.
“Lo que puede hacer la población es seguir ejerciendo una presión moral, una presión pública, para que sea el Congreso en su conjunto quienes estén en contra de la ley ‘Ómnibus’. Hay tres medidas que ya dijieron no van a apoyar, una es el aumento de las facultades del presidente en detrimento de la concedidas al Congreso y al Poder Judicial, otra es la modificación de la fórmula para calcular las pensiones de las personas jubiladas, y también están en contra de aumentar los impuestos a las economías regionales en favor de la economía de la federación”, anota el Doctor Peña Llanes.
