El migrante ilegal sale perdiendo

El antecedente principal de la controversial Ley Arizona, decretada en 2010 en dicho estado de la Unión Americana, se remonta tres años atrás.

Para que haya trabajadores ilegales debe de haber empleadores que los contraten y en 2007 autoridades estatales de Arizona aprobaron una legislación que suponía combatir el problema de raíz.

Sin embargo, en un análisis que efectuó sobre la ley, The Associated Press encontró que la medida ha hecho poco para combatir a los empleadores problemáticos. 

Sólo tres de los 147 mil empresarios del estado fueron llevados a juicio acusados de efectuar contrataciones ilegales.

En tanto, se ha arrestado a cientos de trabajadores que viven sin permiso en EU bajo una disposición de la ley que convierte en delito grave la utilización de identificaciones falsas o robadas para conseguir empleo.

Aunque la Corte Suprema federal ratificó la legislación y ésta es elogiada como un instrumento para que los estados confronten la inmigración ilegal, ha afrontado diversos problemas.

Los ‘peros’ de la ley

Uno de los inconvenientes que ha mostrado la legislación es el caso en el que cientos de trabajadores inmigrantes arrestados bajo la ley pasaron meses en prisión por el cargo de robo de identificación, en tanto que sólo a dos establecimientos se les suspendieron sus licencias varios días. 

Continúa pendiente el caso contra una tercera compañía, un fabricante de muebles a la medida.

Por otra parte, la oficina del jefe policial del condado de Maricopa, Joe Arpaio, es el único organismo policial en el estado que ha efectuado redadas en empresas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley relacionadas a las contrataciones.

Desde 2008, la oficina ha arrestado a cientos de trabajadores en 72 redadas a empresas. 

El Departamento de Justicia federal ha acusado a la oficina de discriminar a los trabajadores hispanos, aseveraciones que Arpaio ha rechazado.

Y a pesar del reducido número de casos contra empleadores, la fiscalía del condado en la zona metropolitana de Phoenix ha gastado 4.5 millones de dólares desde 2008 en investigaciones a empresas que presuntamente han contratado a trabajadores no autorizados y para someter a juicio a empleados en casos penales por robo de identidad.

La otra cara

Quienes apoyan las medidas afirman que las estadísticas cuentan sólo una parte de la historia en cuanto al cumplimiento de la ley.

Afirman que la normativa ha contribuido a combatir el robo de identidad y ha obligado a los inmigrantes no autorizados a que se marchen de Arizona. 

También creen que las empresas se han visto obligadas a acatar la ley por temor a las redadas.

“Jamás vamos a conseguir que la ley se cumpla al ciento por ciento, pero hemos logrado avances positivos”, dijo el ex presidente del Senado de Arizona, Russell Pearce, que impulsó la normativa sobre las contrataciones y la ley sobre inmigración de 2010 en el estado.

Esta obliga a los policías, cuando detengan a una persona, a que le pregunten sobre su condición migratoria si sospechan que se encuentra sin permiso en el país.

El número de inmigrantes no autorizados en Arizona declinó en 200 mil de 2008 a enero de 2011, cuando la cifra total se ubicó en 360 mil, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional.

No obstante las afirmaciones de quienes respaldan la ley de que la disminución del número de extranjeros no autorizados muestra que las leyes sobre inmigración están funcionando, otros factores han contribuido al éxodo de estas personas, como la pérdida de empleos durante ese periodo en el sector de la construcción.

Los detractores

El senador demócrata estatal Steve Gallardo, de Phoenix, detractor de la ley, dijo que el desequilibrio en el número de casos contra los empleadores en comparación con los abiertos contra trabajadores es un reflejo de los legisladores que desean dar la imagen de ser estrictos frente a la inmigración ilegal pero que le dan a los empleadores amplio margen de maniobra.

“Tenemos una ley que sanciona a los empleadores pero no los persigue”, aseguró Gallardo. 

“Deberíamos llamarla ley para sancionar a los empleadores”, agregó.

Desde 2008, más de 500 inmigrantes que carecen de autorización para estar en el país fueron arrestados por el cargo de uso de documentos falsos o identidades robadas para conseguir empleos en establecimientos en los que la oficina de Arpaio efectuó redadas.

(Con información de AP)