El abatimiento del rebelde venezolano Oscar Pérez y otros seis sublevados, y las circunstancias en las que se gestó el operativo por parte de las fuerzas de seguridad dejan la sospecha sobre si en algún momento las autoridades intentaron capturar con vida a Pérez o si desde el principio se planeó como su asesinato.
Algunos críticos del gobierno han alzado la voz y hablan incluso de una ejecución extrajudicial similar a algunos operativos de seguridad que comenzaron en 2015 bajo el nombre Operación de Liberación del Pueblo y que han sido denunciados por diversos grupos de derechos humanos y por la exfiscal General, Luisa Ortega, hoy una de las principales críticas del régimen.
Pérez, quien fuera inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas venezolanas se había convertido en el enemigo público número 1 del régimen después de que el pasado 27 de junio, junto con un grupo de presuntos ex policías, tomó un helicóptero de las fuerzas armadas y lanzó granadas sobre los edificios del Ministerio del Interior y del Tribunal.
Después, tras haber encabezado un asalto de una unidad de la Guardia Nacional para robar armas de fuego el pasado diciembre, Maduro prácticamente dictó su sentencia y pidió a los militares ‘tolerancia cero’ con los grupos terroristas que amenazan la paz venezolana.
“Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada plomo con los grupos terroristas”, fue el mensaje de Maduro tras el segundo ataque de Pérez y un mes después llegaría la ejecución de la sentencia adelantada por el mandatario, un mensaje contundente enviado por Maduro sobre los alcances de su respuesta a sus detractores.
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A pesar de que en una serie de videos compartidos a través de Instagram durante el asedio Pérez aseguraba que quería rendirse, 24 horas después las autoridades venezolanas confirmarían su deceso durante el operativo.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ya anunció que abrirá una investigación sobre lo sucedido y ha pedido al gobierno de Maduro que los cuerpos de los fallecidos sean entregados a sus familiares y que no sean cremados.
La sombra de la OLP
Henrique Capriles, exgobernador del estado de Miranda y uno de los principales liderazgos de la oposición ha sido una de las voces que ha condenado la forma en que se realizó el operativo que acabó con la vida de Pérez y seis de sus compañeros.
“Lo que hubo fue una ejecución que debemos repudiar, porque no hubo un procedimiento pertinente con el Ministerio Público, y es eso lo que se pregunta nuestro pueblo. El cambio no pasa por las armas porque lo que se logra con violencia se mantiene en violencia”, señaló Capriles.
Pero sus señalamientos no quedaron ahí, pues también apuntó que la acción emprendida por las fuerzas de seguridad se asemeja a otras que se han emprendido a través de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), una estrategia del régimen de Maduro para combatir la delincuencia que ha sido señalado por realizar ejecuciones extrajudiciales.
La OLP fue un despliegue que inició en julio de 2015 y fue la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro al incremento en los niveles de violencia, y aunque en un principio fueron recibidos con aprobación por parte de la población, eventualmente se comenzaron a acumular denuncias por parte de organizaciones civiles por violaciones de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.
“El cambio no pasa por las armas porque lo que se logra con violencia se mantiene en violencia”
En algunas ocasiones esta estrategia de seguridad ha sido calificada como una “pena de muerte disfrazada”.
A la fecha no hay cifras precisas, ya que el gobierno dejó de hacer público el conteo en febrero de 2016, pero algunas organizaciones cifran en más de 560 ejecuciones extrajudiciales en los poco más de dos años desde que se iniciaron los operativos, en donde la mayoría de las víctimas se han registrado en algunos de los barrios más pobres y violentos, principalmente en Caracas, la capital.
El grupo que encabezó el operativo, en donde participaron alrededor de 500 efectivos policiales y militares, fue la Fuerza de Acciones Especiales un grupo de elite de la Policía Nacional Bolivariana creado en 2016 para reprimir las protestas y que según informes de la prensa venezolana se ha convertido en el grupo más letal en el país, y que ha sido constantemente utilizado en los despliegues de la OLP.
En los últimos años el gobierno de Maduro ha ido acumulando diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias de opositores, represión, ejecuciones extrajudiciales e incluso exterminio.
A la condena se ha sumado también la exfiscal Luisa Ortega, ahora exiliada y una de las principales opositoras al oficialismo, quien en un video publicado en sus redes sociales también aseguró que la de Oscar Pérez fue una ejecución extrajudicial que puso en evidencia al régimen de Maduro como genocida y violador de derechos humanos.
560
“El mundo pudo ver en tiempo real cómo este joven se rindió y estuvo a su disposición entregarse, lo que fue ignorado por los cuerpos de seguridad pues la orden era asesinarlo”, aseguró Ortega.
La exfiscal también ha pedido la intervención de la ONU y la Corte Penal Internacional para que investigue la actuación de las fuerzas de seguridad.
Versión oficial
La confirmación por parte del Ministerio del Interior de la muerte de Pérez y otros seis ‘terroristas’ y la justificación para el abatimiento de los alzados está puesta en entredicho por la opinión pública debido a las dos versiones contradictorias del hecho.
En los videos publicados por Pérez durante el operativo insistía en que estaban intentando rendirse, pero que seguían siendo atacados en lo que llamó un claro intento por asesinarlos.
La versión contada un día después por el ministro del interior, Néstor Reverol, afirmaba que cuando ya estaban pactados los términos de entrega, el grupo liderado por Pérez atacó a las fuerzas de seguridad acabando con la vida de dos policías e hiriendo a ocho más.
“Ante una agresión que pone en riesgo la vida de los funcionarios, se procedió al protocolo para neutralizar al grupo agresor, lamentablemente con el saldo de siete terroristas fallecidos”, declaró Reverol.
Las incógnitas que rodean el caso difícilmente serán esclarecidas, sobre todo el hecho de si realmente los sublevados estaban rindiéndose o, por otra parte, realmente los efectivos policiacos y militares intentaron capturarlos con vida.
