El laberinto independentista
Jordi Sànchez ha pedido la libertad provisional para poder convertirse en presidente de la Generalitat. El político catalán que actualmente se encuentra preso fue propuesto por el presidente del Parlamento Roger Torrent para liderar el sistema que gobierna a Cataluña. No obstante, sus posibilidades de reunir los votos necesarios para llegar al poder son nulas
Carlos SalazarLos principales partidos separatistas en Cataluña continúan alentando un proceso en el que no se vislumbra una conclusión favorable para ninguna de las partes. Con el principal líder secesionista exiliado en Bélgica, el presidente del parlamento catalán Roger Torrent ha propuesto a Jordi Sànchez, cercano a Carles Puigdemont, para convertirse en líder de la Generalitat el próximo 12 de marzo.
La decisión ha causado una ruptura en las filas secesionistas, es por eso que la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido con una postura más radical, ya ha adelantado que no votará en la ceremonia de investidura, si es que esta llega a realizarse.
A pesar de que el expresidente Carles Puigdemont, primer candidato a la investidura en esta legislatura, ha renunciado a buscar nuevamente la presidencia, sigue siendo un factor determinante en la parálisis política de la región autonómica.
Ante la imposibilidad de ser investido, Puigdemont propuso como candidato los primeros días de marzo al número dos de su coalición Junts Per Catalunya, Jordi Sànchez, quien fue encarcelado desde octubre pasado enfrentando un proceso por sedición y ayer por la mañana se hizo oficial su candidatura.
Los abogados de Sànchez ya están buscando las alternativas legales para lograr su excarcelación y que pueda acudir al Parlamento catalán para exponer su plan de gobierno y buscar la investidura. Según la legislación, el candidato debe estar presente en el debate parlamentario.
Sin embargo, a menos de una semana de la convocatoria para el pleno, la candidatura de Sànchez parece condenada al fracaso, no solo por su situación judicial, sino por el hecho de no contar ni siquiera con los votos necesarios para llegar a la presidencia y porque luce más que complicado que el Tribunal Supremo le dé la libertad.
En este panorama, el movimiento de Puigdemont, de su partido y de sus aliados de Esquerra Republicana, es la apuesta a un candidato con nulas posibilidades de éxito una medida para ejercer mayor presión y continuar desafiando al gobierno español, pero con escasa probabilidad de consumación.
En medio de la crisis política que vive la región autonómica, los secesionistas parecen haber optado por alargar la parálisis en vez de buscar los consensos para una candidatura viable y que propicie un paulatino retorno a la normalidad institucional.
Mientras en Cataluña, los liderazgos separatistas se adentran cada vez más en su laberinto, la posibilidad de que se repitan las elecciones crece a cada día.
Candidato sin futuro
La presencia de Jordi Sànchez en la ceremonia del próximo lunes pasa por la decisión del Tribunal Supremo español y del Tribunal Constitucional, y para ello ya ha enviado dos documentos para pedir su excarcelación.
En los textos presentados en ambas instancias por su abogado, Sánchez argumenta que si se decide no suspender su prisión no solo se atenta en contra de sus derechos de libertad y participación política, sino que también se violentan los derechos de los ciudadanos que votaron a su partido y se atenta contra el funcionamiento del gobierno autonómico.
Aunque los tribunales aún no han emitido un pronunciamiento, los antecedentes inmediatos no invitan al optimismo, pues el gobierno español, que mantiene su intervención en la región, ha expresado claramente que no se permitiría la investidura de un candidato que se encuentre enfrentando a la justicia.
Aún en caso poco probable de lograr su liberación para poder asistir al debate de investidura, Sànchez no alcanzaría los votos necesarios (salvo sorpresa) para poder convertirse en el presidente del gobierno catalán.
El reglamento del parlamento establece que para ser investido en primera votación, un candidato deberá contar con la mayoría absoluta de la Cámara, es decir 68 escaños, y en caso de no conseguirla se procede a una segunda votación en la que solo es necesaria una mayoría simple.
Los partidos independentistas cuentan con 70 escaños, pero se tienen que restar los votos de Carles Puigdemont y Toni Comín, ambos diputados electos pero que permanecen en Bélgica y que no podrían delegar su voto.
También habría que restar los cuatro votos de la CUP, que ha anunciado que no votarían en el hipotético debate por la investidura. Con solo 64 votos la propuesta de Sànchez no prosperaría pues los partidos constitucionalistas alcanzarían los 65 votos, por lo que tienen la mejor posición para echar abajo la candidatura.
Desobeder al Estado
Precisamente la única opción que haría viable una hipotética investidura de Sànchez sería sumar a los cuatro legisladores de la CUP, una negociación que prácticamente se ve perdida.
Tras conocerse la convocatoria al pleno de investidura, los liderazgos de la CUP han reiterado que no apoyarán la candidatura de Sánchez al considerar que sería un paso atrás en la lucha secesionista porque se estaría buscando regresar a la ‘normalidad’ previo a la consulta por la independencia catalana.
Asimismo, han criticado al presidente del parlamento Roger Torrent por haber tomado la decisión imprudente de llamar al pleno a pesar de saber que Sànchez no cuenta con el apoyo para ser investido.
La única forma en que la CUP se vuelva a sumar al bloque legislativo independentista es, advierten sus dirigentes, que se lleve adelante una desobediencia contra los poderes del estado y que se continúe con la vía unilateral independentista, un escenario que al día de hoy no están dispuestos a tomar las demás formaciones políticas.