El juez Juan Merchan desestimó una sentencia de prisión contra Trump. Foto: Especial

Donald Trump recibe sentencia por el caso Stormy Daniels

A días de tomar posesión como presidente, el republicano se convertirá en la primera persona en servir como jefe del Ejecutivo después de haber sido condenado por un crimen

Hoy se conocerá la sentencia que el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá por el caso de falsificación de documentos que lo persigue desde su primera campaña presidencial, después de que sus abogados peticionaron al máximo tribunal frenar la sentencia.

La defensa de Trump argumentó ante la Suprema Corte la necesidad de frenar de inmediato la sentencia del juez Juan Merchan y cualquier procedimiento subsecuente con el objetivo de “prevenir graves injusticias y daños a la institución de la presidencia y al funcionamiento del gobierno federal”.

En mayo de 2024, Trump fue encontrado culpable de 34 cargos de falsificación de registros de negocios por haber tratado de ocultar el pago de 130 mil dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, presuntamente para ocultar la relación que mantuvieron en 2006; la sentencia, originalmente agendada para el pasado 11 de julio, fue aplazada hasta este viernes.

En opinión del doctor Roberto Carlos Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, el juicio y la sentencia de Trump no tiene precedencia en la historia de Estados Unidos y marca un hito en la vida política del país.

“Estamos caminando por terrenos inéditos, nunca antes se le había declarado culpable a un presidente de 34 cargos de falsificación de facturas, no hay antecedentes de algo así en la política de Estados Unidos y sentará una marca preocupante. También hay que destacar que es apenas una hebra de un largo culebrón que mantiene Donald Trump con el poder judicial. En mayo del año pasado se le encontró culpable, pero en todo este tiempo su amplio y costoso equipo legal ha recurrido a muchos recursos para aplazar la sentencia”, señala el internacionalista.

En dos ocasiones anteriores, los representantes del presidente electo, John Sauer y Todd Blanche, trataron de desestimar el caso aludiendo al fallo de la Suprema Corte en el caso Trump vs United States (2024), por el cual arguyen que el tribunal neoyorquino que lo encontró culpable carece de autoridad para juzgar al presidente.

Los abogados, quienes después del 20 de enero asumirán cargos dentro del gobierno federal, argumentan que la decisión del máximo tribunal en ese caso, que otorga amplia inmunidad a quien ocupe el Ejecutivo de ser objeto de cargos criminales por actos presidenciales, debe extenderse al periodo de transición entre la victoria electoral y la toma de posesión.

El doctor Hernández apunta que la inmunidad presidencial es una tradición jurídica en el derecho estadounidense y que no solo afecta los cargos estatales por los que Trump fue juzgado en Nueva York sino también las imputaciones federales que pesan en su contra.

“Esta es una tradición jurídica que se remonta incluso al derecho romano, en el sentido que los actos de la máxima autoridad son revisables pero no punibles, y la idea es que en el ejercicio de su cargo el responsable no tenga obstáculos. Hay que recordar que este es uno de los tres procesos que enfrenta Trump y los otros dos procesos penales federales son más importantes, pero que con su protesta del cargo los vuelve improcedentes, debido a que impediría su ejercicio de la presidencia”, señala el académico.

Pese a ello, en la revisión del caso que realizó el juez Merchan, desestimó los alegatos de la defensa de Trump por considerar que no hay antecedentes previos que consideren los actos de un presidente electo como actos presidenciales oficiales, los cuales son el pilar en la decisión de Trump vs United States.

El juez Merchan, desestimó los alegatos de la defensa de Trump. Foto: Especial

El caso mediático del juicio al ex presidente Trump

Una vez anunciado el día de la sentencia, el presidente electo reiteró su posición respecto al caso. De acuerdo con el republicano, tanto el juicio como el proceso de sentencia han sido actos de interferencia conjurados desde la Casa Blanca para evitar su victoria electoral y, una vez electo, “avergonzarlo”.

El vocero del republicano ha replicado las declaraciones de Trump, quien en múltiples ocasiones ha negado cualquier involucramiento con Daniels, y declarado que el juicio contra el presidente electo fue un acto políticamente motivado y con la intención de entorpecer sus aspiraciones para regresar a la Casa Blanca.

Pese a las declaraciones de Trump, el juez Merchan aclaró que su sentencia no buscaría tiempo en prisión, libertad condicional o una multa; de acuerdo con el juzgador, debido al inminente regreso a la presidencia de Trump, la resolución más oportuna sería ceder la libertad incondicional, en la que en los hechos se le declarará culpable, pero no sujeto a recibir un castigo.

El profesor Hernández señala que el público estadounidense no espera que la sentencia perjudique al magnate, pues pese al discurso clásico de una impartición imparcial de la justicia, en los hechos el ejercicio del poder ejecutivo escogido por el voto de millones de ciudadanos es más importante que la pena a una persona que se ha enmarcado a sí mismo como una víctima.

“Ha sido una larga trama judicial, pero también mediática, porque ha habido una sostenida campaña del presidente Trump de asumirse como un perseguido político, una estrategia que ya habíamos visto en otros casos en Europa, entonces, su equipo ha litigado muy bien en los tribunales al propio tiempo que él ha echado a andar esta campaña que le ha dado resultados no solo en las elecciones sino también para que el público asimile el hecho de que sería necesaria la impunidad en este caso”, comenta el especialista.

De acuerdo con el juez Merchan, una de las razones para imponer sentencia antes del día de su inauguración no es solo el deber que tiene su tribunal de imponer sentencia y con ello concluir el caso presentado ante él sino también se debe al derecho del presidente electo de apelar dicha sentencia ante una corte superior.

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