La administración de Dina Boluarte se ha visto ensombrecida durante sus primeros días al frente de Perú por una estela que no abandona a Pedro Castillo, el exmandatario destituido por la causal de “permanente incapacidad moral”.
Las dos primeras víctimas en Perú durante las protestas que piden nuevas elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y del Parlamento son menores de edad, quienes fallecieron en Andahuaylas en medio de duros choques con la Policía.
Los féretros de David Atequipa, de 15 años, y Beckham Quispe, de 17, fueron paseados ayer por las calles con más de tres mil acompañantes. Algunos llevaban banderas de Perú y otros eran compañeros estudiantes de los fallecidos.
“Los culpables de esto son la presidenta del Perú y los congresistas”, dijo Raquel Quispe, hermana de uno de los fallecidos. “Mi hermano no era un asesino, no era un ladrón, era un joven deportista, necesito justicia para mi hermano”, indicó junto a su madre, Rosario, quien dijo en quechua que su hijo había sido asesinado como “en un matadero”.
Beckham Quispe y David Atequipa fallecieron el pasado domingo durante enfrentamientos con la Policía en un poblado cercano a la ciudad de Andahuaylas donde el Gobierno dijo que el aeropuerto fue incendiado junto a la comisaría de Huancabamba. La frustración de los campesinos empezó cuando la Policía envió agentes antimotines para contener las manifestaciones.
Los forenses indicaron que Atequipa y Quispe murieron por traumatismos en la cabeza. El estudiante de 15 años recibió un perdigón debajo del mentón, mientras que la necropsia de la otra víctima aún se desconoce.
En medio de la crisis, Dina Boluarte dijo que propondrá al Parlamento adelantar las elecciones a abril de 2024 como parte de una concesión a los manifestantes
Raquel Quispe relató que sienten rabia e indignación contra el Parlamento porque destituyeron al expresidente Pedro Castillo a quien eligieron como mandatario en 2021. “A un presidente humilde porque es del campo, porque es de provincia, lo han vacado, hacen lo que quieren, para ellos el voto de los provincianos no sirve”, comentó.
Por su parte, los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas en favor de Pedro Castillo.
En un comunicado conjunto los cuatro gobiernos expresaron una “profunda preocupación” por la remoción y detención de Castillo, a quien aún reconocen como presidente de Perú, y solicitaron que le sean respetados los derechos humanos y garantizada la protección judicial.
Además, los cuatro gobiernos exhortaron a quienes “integran las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Los cuatro gobiernos aseguran que el líder ha sido “víctima de un antidemocrático hostigamiento” desde que asumió el poder en julio de 2021, lo que según los firmantes es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
México ha sido clave para Castillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que abrieran las puertas de la embajada para refugiarlo tras ser destituido, pero el peruano no pudo llegar a la sede diplomática porque fue detenido en el camino.
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