Tras la aprobación del juicio político contra la presidente brasileña Dilma Rousseff por parte de la Cámara de Diputados el pasado domingo, la mandataria se encuentra a las puertas de la destitución, en el último episodio de su caída libre.
Dilma, quien en los inicios de su administración era la mandataria más carismática del mundo, la lideresa de una izquierda progresista en América Latina, heredera de Lula Da Silva, quien llevó a Brasil a convertirse en referente del crecimiento económico, emblema de los países emergentes.
Hoy, la presidenta brasileña se encuentra expuesta a la finalización prematura de su mandato, con un gobierno enfrentando una severa crisis política y de legitimidad, con la sombra de la corrupción rondándola, y un país que sufre a una recesión económica sin precedentes.
Un total de 367 votos a favor del juicio político, 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias, fue el saldo final de una votación que se extendió por más de 7 horas; los votos por el sí, superaron la barrera de las dos terceras partes que eran necesarias para seguir el proceso.
El conteo final, tras una maratónica sesión, fue dado a conocer cerca de la medianoche brasileña, y el resultado provocó reacciones de júbilo entre los diputados opositores a Dilma.
Crónica del derrumbe
Dilma Rousseff recibió la banda presidencial en 2011 de manos de Luiz Inácio Lula Da Silva, su mentor político, y quien en ese entonces, gozaba de una enorme popularidad, y Dilma fue vista como aquella que le daría continuidad a la obra de Lula.
Con una popularidad heredada en una nación con una economía emergente, con relativa paz, en puertas de organizar un mundial de fútbol y unos juegos olímpicos, con un envidiable capital político para maniobrar; hoy, está por salir por la puerta de atrás.
Las cosas empezaron a complicarse en marzo de 2014, poco antes de las elecciones cuando la Policía Federal de Curitiba denunció una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paolo. Ese mismo mes comienzan las detenciones de importantes directivos de Petrobras.
Entre ellos se encuentra Paulo Costa, exdirector de Refinería y Abastecimiento, quien a cambio de una reducción de pena, delata el sistema de corrupción que compromete a varios parlamentarios y políticos brasileños.
A pesar del escándalo, Dilma logra la reelección por un estrecho margen, sin embargo, empezaría su caída, lenta pero gradual, al ser señalada, cuando menos, de encubrir las actividades de la red de corrupción desde su posición como Ministra de Energía en el gobierno de Lula.
El segundo periodo de Dilma se ha caracterizado no solo por el escándalo de Petrobras, en donde han sido detenidos importantes miembros de la política brasileña y personajes relevantes en la administración de la petrolera.
Además, Dilma se ha tenido que enfrentar a una de las mayores recesiones económicas el Brasil, que ha derribado el mito de la estabilidad brasileña. Por si fuera poco, durante los últimos meses su popularidad ha caído en picada, y miles de brasileños han tomado las calles en protesta contra la mandataria.
No solo eso, sino que sus opositores comenzaron a ejercer presión desde hace algunos meses para intentar llevarla a juicio, mientras el cerco de la justicia se estrechaba sobre ella y sobre sus cercanos.
Lula Da Silva, su principal aliado, sería detenido unas horas, el pasado 4 de marzo para declarar sobre la trama de corrupción. El que fuera el más carismático líder del planeta, no escapó del brazo de la justicia.
En un movimiento polémico, días después Dilma lo nombraría jefe de gabinete, una maniobra vista como un intento de proteger a su mentor de la acción de la justicia, aunque finalmente un juez impugnaría el nombramiento, que sigue en el limbo.
El último golpe a la administración de Dilma, vendría de parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, que el 29 de marzo anunciaría su salida del gobierno. El PMDB era su principal soporte en la gobernabilidad.
Con esto, el principal aliado de Dilma, dejaría sola a la mandataria, no solo abandonando el gabinete, sino lo más importante, dejándola sin los votos de los diputados y senadores de este partido, votos que hubieran impedido el juicio político.
¿Qué fue lo que pasó?
La acusación en la que se sustenta el juicio político contra Dilma no está relacionada al escándalo de la red de corrupción Petrobras, ni por los señalamientos de haber desviado dinero de la petrolera para su campaña en 2014.
Dilma enfrentará un histórico juicio político por haber violado normas fiscales, maquillando las cifras del déficit presupuestal del año 2014, y que habría continuado durante 2015, dando la impresión de que todo estaba bien.
Todas las piezas llevan meses en movimiento, y el resultado, salvo sorpresa, terminará en la separación de Dilma de la presidencia, sobre todo ahora que se queda sin aliados políticos de peso, y sin apenas margen de maniobra.
¿Qué sigue?
Una vez autorizado el juicio político en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasa ahora al Senado, que deberá votar si se inicia o no el juicio político.
Para seguir con el proceso, es necesario solo una mayoría simple de votos a favor de los 81 senadores, en caso de no alcanzar la mayoría simple, el proceso se da por terminado.
Sin embargo, en caso de que la iniciativa sea aprobada, la mandataria brasileña será apartada temporalmente de su cargo, y Michel Temer, vicepresidente, asume la presidencia de manera interina.
El Senado tendrá un máximo de 180 días para valorar las evidencias y realizar el juicio. Para lograr la destitución, dos terceras partes de los senadores tendrán que votar a favor y la presidenta dejaría el cargo de manera permanente.
Si el número de votos de los senadores, no alcanza las dos terceras partes, esto es, al menos 54 votos, Dilma Rousseff sería restituida como presidenta de Brasil para el resto de su mandato, que culmina en 2018.
A Dilma le quedan aún dos recursos para evitar su destitución. El primero, es tratar de cabildear en el Senado los votos necesarios para detener el juicio político, sin embargo, esta táctica no le funcionó con los diputados.
Tras el rompimiento con el PMDB, Dilma perdió un aliado fundamental en el legislativo, pues este partido es la primera mayoría, y aunque Lula Da Silva y la propia Rousseff trataron de negociar uno a uno con los diputados para ganar los votos necesarios, sus gestiones no dieron resultado.
El PMDB, otrora principal aliado del gobierno de Dilma, hoy es el principal impulsor del juicio político y es la primer minoría del Senado, seguido por el PSDB, principal opositor desde el inicio de su mandato.
Su última esperanza es una apelación ante el Tribunal Supremo Federal de Brasil, máxima instancia del país sudamericano, buscando anular el proceso, argumentando la falta de sustento de las acusaciones, sin embargo, el mismo tribunal avaló la legalidad del proceso la semana pasada.
