"Estas expulsiones son una posibilidad expresamente prevista en la norma comunitaria, aunque se deben analizar escrupulosamente los abusos que se puedan estar produciendo"
En la Unión Europea (UE), la libertad de los ciudadanos de los países miembros es casi total. Siempre y cuando no planeen quedarse a vivir en un país que no es el suyo.
La crisis ha llegado a tal punto, que algunas naciones se ven obligadas a hacer uso de su derecho a “expulsar a los ciudadanos de otros países miembros que representen una ‘carga excesiva’ para el sistema”, informó El País el domingo 12 de enero.
Bélgica, reconocido por la UE como uno de los países más generosos en políticas de asilo, expidió la orden de salida a 4 mil 812 ciudadanos europeos en el 2013, según la Oficina de Extranjería del Ejecutivo belga.
Alemania, Francia, Italia, Austria e Irlanda se han sumado a esta tendencia, que ha afectado más a los europeos que a los extranjeros “que tuvieron que abandonar el territorio por no disponer de medios suficientes para mantenerse”, aseveró El País.
“No se les expulsa por la fuerza. Simplemente se les borra del registro oficial”, explicó al diario español un portavoz de la Oficina de Extranjería.
Y aunque la medida obliga a los afectados a vivir en la clandestinidad, no les impide quedarse dentro del territorio, emigrar a otro país de la Unión o ingresar nuevamente a la nación de la que fueron expulsados.
El ciudadano de la UE es protegido durante tres meses en el país de acogida, y si quiere seguir viviendo ahí, “debe acreditar alguna de estas cuatro condiciones: que trabaja o busca empleo, que tiene suficientes medios para vivir —así como un seguro de salud—, que está estudiando o que va a reunirse con algún otro familiar que cumple las condiciones mínimas.
“En ninguno de estos supuestos puede el Estado objetar la residencia. Y, transcurridos cinco años, tampoco podrá retirarla, aunque no cumpla los requisitos, porque se considera que el ciudadano ya tiene arraigo en el país”, afirmó El País.
