Deportados y condenados

Políticos y ciudadanos estadounidenses han rechazado las peticiones de la ONU, de comunidades religiosas y de organismos civiles de tratar a los miles de niños migrantes como refugiados. 

En su lugar, han optado por agilizar la deportación de la mayor cantidad posible de los 57 mil menores no acompañados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos (EU). 

Incluso, el gobernador de Texas, Rick Perry, envío la semana pasada el primer grupo de elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México para que refuercen la seguridad, lo que costará cerca de 12 millones de dólares mensuales.  

Organismos civiles consultados por Reporte Indigo afirman que esto podría ser una sentencia de muerte, pues al regresar a sus países de origen los niños llegarán a un lugar en el que no tienen nada y donde la inseguridad abunda.

De hecho, aseguran, la razón principal por la que los migrantes se arriesgan a migrar a EU no es la pobreza, sino las amenazas de muerte y violencia del crimen organizado.

Regresan sin esperanza

Cuando un migrante regresa a su lugar de origen, tras sufrir una deportación, enfrenta riesgos aún más grandes que antes de partir, advierte Adilia Solis, presidenta del Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos), con sede en Costa Rica.

“Cuando se van, la partida significó endeudamiento, significó dejar todo y ha provocado en el seno de las familias una situación de desorden, todo se altera”, expresa Solis. 

“A la hora del retorno llegan sin nada, hay como un salto al vacío, un retorno al vacío del que es muy difícil recuperarse. Y además, la situación de violencia de la que iban huyendo se acrecienta”. 

La activista, que conoce la experiencia de familias centroamericanas que llegan a Costa Rica, enfatiza en que estas personas migran para escapar de la muerte.

“En el caso de Costa Rica, ha ido aumentado la cantidad de familias en busca de asilo, huyendo de amenazas de grupos criminales organizados y de las Maras, particularmente de Honduras y El Salvador”, detalla.

Estadísticas oficiales revelan que en El Salvador hay al menos 60 mil personas que pertenecen a pandillas, mientras que en Honduras la cifra es mayor a 36 mil. 

Por ello, Solis argumenta que la campaña de Washington que advierte a las personas sobre los riesgos de migrar no será efectiva, pues estas personas huyen, no migran.

“No creo que el mensaje tenga mayor efecto, la clave es que en los países de donde somos originarios tengamos las condiciones para vivir dignamente y eso no nos tendría que obligar a la migración”, señala.

“Es mayor el riesgo de quedarse en su lugar de origen y del retorno, que el propio riesgo que van afrontando en su tránsito”.

Viven de la caridad  

A falta de programas gubernamentales que atiendan quienes fracasan en su intento de migrar, los menores viven de la caridad, describe José Miguel Castro, de la asociación Una Sonrisa para Centroamérica.

“Son fundamentalmente huérfanos, niños abandonados, muchos de ellos con graves enfermedades o defectos físicos”, expone Castro, “o niños cuya familia no puede asumir su cuidado.

“Han tenido la suerte de ser acogidos por personas extraordinariamente generosas que les proporcionan atenciones que les sitúan, en comparación con los niños de la calle, en una posición de privilegio al recibir cuidados”.

Para el activista, la migración se debe a una mezcla  de problemas que ocurren desde hace años.

“(Hay) un presente que apenas modifica las condiciones del pasado y un futuro absolutamente incierto, que sólo parece tener expectativas de mejora si se vincula a entidades no gubernamentales de desarrollo local”, asevera.

México no está listo

Si Estados Unidos blindase su frontera, México no estaría listo para afrontar la crisis migratoria que se trasladaría al país, advierte Nora Hinojo, del grupo Colectivo Migrante.

“Al reforzar las fronteras (EU), queda toda una migración flotando en nuestro país, una migración que va a necesitar acceder a trabajo, a salud, acceder a ciertos derechos que se les pueden negar, totalmente”, explica Hinojo.

“Resulta complicado pensar que México va a estar preparado para recibir a esta niñez migrante y para generar mecanismos de protección, que en sus procesos de deportación y repatriación en verdad se proteja a la niñez migrante”.

La activista expone que sí hay leyes, pero que existe un vacío legal porque los políticos no tienen interés en desarrollar un protocolo sobre qué hacer con un menor no acompañado.

“Estos niños de Centroamérica no van a un DIF, como se esperaría”, manifiesta, “se esperaría que los niños deben ser protegidos por el DIF y no por el Instituto Nacional de Migración, que no está preparado para eso.

“Entonces ellos son mandados a las estaciones migratorias, donde las condiciones son deplorables, y pueden permanecer ahí más de las 72 horas establecidas hasta que esperen su deportación. Desde ahí ya hay una violación a los derechos humanos”.