Las protestas en Venezuela se originaron tras los resultados electorales que le dieron la reelección a Nicolás Maduro. Foto: Especial

Dependencia de la ONU exige fin a la represión en Venezuela

A través de un comunicado, la Misión Internacional de las Naciones Unidas pide investigar a fondo las ‘graves violaciones a los derechos humanos’ en Venezuela desde el pasado 28 de julio  

Dos semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela que han dejado protestas, detenciones y actos de violencia, la Misión Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió un cese a la represión.

“El gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país desde la celebración de la elección presidencial (…), e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”, se lee en el comunicado emitido a primera hora de ayer.

De acuerdo con Naciones Unidas, tanto las protestas en las calles como en las redes sociales abrieron un “peso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de terror generalizado”.

La Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto pasado, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, remarcó que las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por los cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando a conveniencia de dichos cuerpos, “los responsables deben rendir cuentas”.

Las detenciones que dejó la reelección de Maduro

Con el registro de datos publicados por diversas organizaciones, la Misión concluyó que tan solo el 28 de julio hubo mil 260 detenciones, entre las cuales 160 fueron a mujeres. La mayoría de los arrestos se produjeron en el Distrito Capital, seguido de los estados de Carabobo y Anzoátegui.

En su análisis, la Misión halló elementos que convierten las detenciones en arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia.

Entre los hallazgos incluyen audiencias telemáticas sumarias llevadas a cabo por los tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar. También, se encontró la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada.

Asimismo, la Misión se enfrentó a la negación de información a familiares o información tardía e incompleta, e impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.

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