Demócratas por la destitución de Trump

Esta semana es importante para la política de Estados Unidos porque comienzan las sesiones del juicio contra el presidente Donald Trump. Los senadores demócratas se enfrentarán al mandatario en la primera audiencia del proceso judicial el próximo martes 21 de enero a la una de la tarde. El juicio inició el jueves pasado con la lectura de los cargos y el juramento de los legisladores.

Los cien congresistas que integran el jurado escucharán los argumentos de las partes y decidirán si hay que destituir a Trump, algo improbable porque la Cámara Alta cuenta con mayoría republicana.

Adam Schiff, demócrata que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja y que se desempeñará como fiscal principal del juicio, leyó el jueves pasado los dos cargos de acusación contra Trump: abuso de poder y obstrucción del Congreso, los cuales fueron aprobados el 18 de diciembre.

El delito de abuso de poder se debe a que el presidente retuvo ayuda militar a Ucrania y prometió una reunión de la Casa Blanca al presidente de ese país a cambio de una investigación sobre un potencial rival en las elecciones presidenciales, el demócrata Joe Biden.

Después, Trump presuntamente obstaculizó la investigación del Congreso al prohibir a sus asesores testificar o proporcionar documentos.

“Es acusado de crímenes graves y delitos menores. Actuó de manera contraria a la confianza depositada en un presidente y subversiva para la conducta del gobierno”, dijo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.

Schiff estuvo a la cabeza demócrata de la pesquisa sobre Ucrania en contra del mandatario desde el principio. Su equipo para el juicio incluye seis legisladores demócratas que reflejan la diversidad de los representantes del partido y también ejercerán como fiscales, entre ellos Sylvia García, hispana representante por Texas.

Los demócratas necesitan 67 votos para condenar al mandatario y destituirlo. Además del voto a favor de cada uno de sus propios senadores, requieren el de 20 republicanos.

El jefe republicano del Senado Mitch McConnell explicó la semana pasada que el juicio político contra Trump emulará el formato que se utilizó en el caso del expresidente Bill Clinton.

Este formato permitió que el proceso comenzara con argumentos iniciales de ambas partes sin requerir primero que se resolviera la cuestión de testigos y documentos.

McConnell mencionó que una primera fase incluiría argumentos de la fiscalía y la defensa para luego abrir un período de preguntas escritas de los senadores.

El líder republicano aún debe proponer detalles respecto a los testigos, evidencia y duración del juicio. Estos aspectos tienen que ser aprobados por una mayoría simple de 51 votos en el Senado.

El líder republicano insiste en la necesidad de un juicio corto, mientras que el jefe de los demócratas en el Senado Charles Schumer quiere que personas como el jefe de gabinete interino Mick Mulvaney y el exasesor de seguridad nacional John Bolton testifiquen como parte del proceso.

La defensa de Trump para la fiscalía de demócratas

Trump quieren luchar para demostrar que no cometió un delito. La Casa Blanca ya informó sobre el equipo de juristas que defenderá al presidente. El gabinete de abogados es liderado por Pat Cipollone y el letrado personal del mandatario Jay Sekulow.

El viernes pasado se sumaron al equipo Kenneth Starr, Robert Ray y Alan Dershowitz. Starr fue el fiscal independiente que lideró la investigación que llevó a Clinton a su impeachment en 1998. Ray fue su sucesor y quien redactó el informe final sobre el expresidente demócrata.

Dershowitz es un catedrático emérito de Harvard reconocido por defender a acusados famosos como el jugador de fútbol americano O.J. Simpson. Él será el encargado de presentar las alegaciones iniciales en el Senado, según explicó el equipo legal en un comunicado.

El documento detalla que Dershowitz votó por Hillary Clinton y no por Trump. El texto añade que el abogado participa en el juicio para defender la integridad de la Constitución y prevenir la creación de un peligroso precedente.

Última información

El mismo día que los legisladores presentaron juramento, la Oficina de Control del Gobierno, una agencia independiente, hizo público un informe en el que califica de ilegal la congelación de ayudas militares a Ucrania decidida por la Casa Blanca.

“La leal ejecución de la ley no permite al presidente sustituir las prioridades transformadas en leyes por el Congreso para aplicar sus propias prioridades políticas”, menciona el organismo independiente en el documento.

La oficina asegura que la retención del dinero —cerca de 400 millones previamente aprobados por el Congreso— tuvo carácter político, no técnico.

“La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) retuvo los fondos por un motivo político, lo que no está permitido bajo el Impoundment Control Act (ICA). No se trató de un freno por una demora programática. Por ende, determinamos que la OMB violó el ICA”, agregó sobre la ley que obliga al presidente a otorgar el dinero aprobado por el Congreso.

Este informe es uno de los documentos que se discutirán en las audiencias del juicio político contra Trump en el Senado.

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