Expresidenta de Argentina enfrenta embargo de bienes

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, enfrenta el embargo de bienes, cuentas bancarias y suspensión de pensiones a raíz de procesos judiciales en su contra, que incluso la podrían llevar a prisión.

A menos de un año de haber dejado el cargo, la mandataria, quien gobernó durante dos periodos consecutivos, de 2007 a 2015, padece un acoso judicial que le impide hacer uso de la fortuna que acumuló al lado de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, enfrenta el embargo de bienes, cuentas bancarias y suspensión de pensiones a raíz de procesos judiciales en su contra, que incluso la podrían llevar a prisión.

A menos de un año de haber dejado el cargo, la mandataria, quien gobernó durante dos periodos consecutivos, de 2007 a 2015, padece un acoso judicial que le impide hacer uso de la fortuna que acumuló al lado de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

El fin de su gobierno, el pasado 9 de diciembre, aceleró diferentes procesos judiciales en los que se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y lavado de dinero.

Desde 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, hasta 2010, la pareja aumentó su riqueza de 7.1 a 80 millones de pesos (alrededor de 15 millones de dólares de la época), incrementos que siempre informaron en sus declaraciones patrimoniales públicas.

La pareja política justificó su abultada fortuna a partir de exitosos negocios inmobiliarios, en tanto que dirigentes opositores los acusaron de corrupción e impulsaron causas en su contra.

Después de que Néstor murió, en octubre de 2010, la fortuna personal de su viuda se redujo porque parte del patrimonio se repartió entre sus hijos Florencia y Máximo.

En su último año de gobierno, Fernández de Kirchner declaró bienes por 64.6 millones de pesos (unos 3.6 millones de dólares), pero en julio pasado el juez embargo casas, terrenos, vehículos y acciones de empresas para que no pueda transferirlas ni venderlas mientras es investigada.

Con información de Notimex

 

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