El Parlamento de Corea del Sur aprobó este sábado la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, quien enfrenta graves acusaciones tras declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. La moción fue aprobada con una contundente mayoría de 204 votos a favor, 85 en contra, tres abstenciones y ocho papeletas nulas, según informaron fuentes oficiales.
La Asamblea Nacional, compuesta por 300 diputados, requería al menos 200 votos a favor para alcanzar los dos tercios necesarios para destituir al mandatario. Aunque el voto fue secreto, se confirmó que al menos 12 legisladores del conservador y oficialista Partido del Poder Popular (PPP) respaldaron la moción, rompiendo con la postura oficial de la formación, que hasta el último momento intentó frenar la destitución.
Tras el escrutinio, Yoon Suk-yeol ha sido apartado de sus funciones, dejando al primer ministro Han Duck-soo al frente del Ejecutivo de manera interina. Ahora, será el Tribunal Constitucional quien, en un plazo máximo de 180 días, determine si la declaración de la ley marcial violó la Constitución. Si el fallo es adverso para Yoon, sería el segundo presidente surcoreano en ser destituido en democracia, siguiendo el caso de Park Geun-hye, apartada en 2017 por corrupción.
Corea del Sur y la crisis política
La destitución se produce en medio de un clima político tenso e incertidumbre. El PPP celebró una maratónica reunión a puerta cerrada previo a la votación, anunciando finalmente que no apoyaría la moción. Sin embargo, las fisuras dentro del partido quedaron evidentes con los resultados, ya que varios diputados oficialistas rompieron filas.
En las calles de Seúl, miles de personas congregadas frente a la Asamblea Nacional celebraron el resultado de la votación con vítores y agitando bastones luminosos, un símbolo adoptado por los manifestantes inspirado en los conciertos de K-Pop. “Hemos logrado una victoria histórica para la democracia”, declaró Park Chan-dae, portavoz del opositor Partido Democrático (PD), que impulsó la moción.
Acusaciones contra Yoon y su gabinete
Yoon enfrenta una serie de investigaciones por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder e insurrección, este último considerado el más grave. La insurrección, según el código penal surcoreano, puede implicar cadena perpetua o incluso pena de muerte para los líderes del levantamiento, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria sobre esta última desde 1997.
Además, otros altos cargos del gobierno, incluido el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, actualmente en prisión preventiva, están siendo investigados. A Yoon se le ha prohibido abandonar el país mientras avanzan las indagatorias.
La crisis actual recuerda episodios anteriores de destituciones presidenciales en Corea del Sur. En 2004, el liberal Roh Moo-hyun también fue destituido por el Parlamento, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional revocó la decisión.
Un nuevo capítulo en la democracia surcoreana
La destitución de Yoon Suk-yeol marca un punto crítico en la política surcoreana. Más allá del desenlace judicial, este episodio subraya la fragilidad de las alianzas políticas en el país y la influencia del descontento social en la toma de decisiones parlamentarias. El futuro político de Yoon y la estabilidad del sistema democrático en Corea del Sur ahora dependerán de las conclusiones del Tribunal Constitucional.
Con información de EFE
