La grave crisis política, social, económica y de derechos humanos por la que atraviesa Venezuela ha provocado que miles de personas busquen abandonar el país a cualquier costo.
De acuerdo con el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó después de adoptar la Resolución 2/18 sobre la migración forzada en la nación gobernada por Nicolás Maduro, se reveló que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), contabilizaba 133 mil 574 solicitudes de asilo de personas venezolanas; al tiempo que se registraban 350 mil 861 personas venezolanas que optaron por otras alternativas migratorias para su regularización.
Este fenómeno, según la CIDH, se debe al grave deterioro de la vigencia de los derechos humanos en la región, y a la falta de acceso a los servicios más básicos que requiere cualquier ser humano y que en Venezuela se han convertido en un lujo.
Por este motivo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) también ha decidido intervenir y pidió a los países de la región ayudar a proteger a los venezolanos de la discriminación y xenofobia, discursos de odio, el riesgo de apátrida, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), contabilizaba 133 mil 574 solicitudes de asilo de personas venezolanas, revela CIDH
En este sentido, la Resolución adoptada por la CIDH busca brindar orientación a los estados de la región sobre las medidas a adoptar para responder a la situación por la que está pasando Venezuela, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional de refugiados.
“Históricamente, el Estado y el pueblo venezolano han sido de los más hospitalarios al brindar protección y acogida a cientos de miles de personas que lo necesitan. Ha llegado el momento para los países de las Américas de retribuir la solidaridad y apoyar a las personas venezolanas”, dijo la Comisionada Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH.
Por su parte, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los Migrante, dijo que no debemos ser indiferentes a los problemas y al dolor ajeno que están viviendo las personas de esta nación.
CIDH busca brindar orientación a los estados de la región sobre las medidas a adoptar para responder a la situación por la que está pasando Venezuela
“No podemos ser indiferentes ante el dolor de todas las personas venezolanas que tienen que dejar su país por razones tan apremiantes como la falta de comida, de medicinas o por la persecución política”, comentó.
Por último, el Comisionado Vargas dijo que es fundamental priorizar la protección de la persona con un enfoque de derechos humanos, evitando criminalizar y restringir la migración y la protección de quienes más lo necesitan.
